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Alto contrasteLa asunción de un nuevo gobierno trae la oportunidad de avanzar en algunos desafíos pendientes en materia de probidad y transparencia que creemos son indispensables para seguir fortaleciendo nuestra democracia. Entre ellos, cinco son los que -a juicio de Chile Transparente- deberían estar en el centro del debate.
1. Prevención de los conflictos de intereses. Se encuentra bastante avanzado en su tramitación el Proyecto de Ley de Probidad en la Función Pública, iniciado por el gobierno saliente, que contiene cambios sustanciales en relación con las declaraciones de patrimonio y de intereses, establece el fideicomiso ciego, mandato de administración de bienes e incluso la enajenación para evitar los conflictos de intereses. Sería recomendable que el actual gobierno terminará su total tramitación. La discusión sobre los conflictos de intereses debe llevar también a retomar asuntos que han sido dejados de lado desde que terminó el primer mandato de la presidenta Bachelet, como es el caso del proyecto de ley que establece impedimentos para ocupar cargos en instituciones privadas sujetas a fiscalización por el funcionario respectivo (boletín 4186-07), que apunta a regular lo que comúnmente se denomina “puerta giratoria”.
2. Implementación de la Ley de Lobby. La presidenta tendrá la responsabilidad de dictar el reglamento de esta nueva ley, en el cual deben regularse detalles importantes, como los procedimientos, plazos, antecedentes e informaciones requeridas para practicar las inscripciones en el registro público de lobbistas y de gestores de intereses particulares. Este reglamento debe hacerse de manera participativa con los distintos actores interesados, para que tengamos no solo una ley promulgada si no una que cumpla con los objetivos de transparentar las agendas y las actividades de lobby en nuestro país. Así también es importante que para el buen funcionamiento de esta ley se dote al Consejo para la Transparencia del presupuesto necesario para estos fines.
3. Transparencia amigable. En los últimos cuatro años hemos sido testigos de los progresos notables en la aplicación formal de la Ley de Transparencia: hoy los niveles de cumplimiento superan el 95%. La Administración también debe preocuparse de que, más allá de estos porcentajes, se entregue información a las personas de manera oportuna, comprensible y amigable, por lo que se debe profundizar aún más la política estatal de datos abiertos y la transparencia focalizada.
4. Reformas en el financiamiento político. Durante las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013 se puso de manifiesto en Chile la importancia de que los candidatos y candidatas y los partidos, transparenten sus fuentes de financiamiento. Hubo quienes voluntariamente las hicieron públicas; sin embargo, sería deseable que tal transparencia sea norma obligatoria y no una buena práctica excepcional. Es por eso que es urgente en Chile una nueva ley de partidos políticos y de financiamiento electoral. Claramente, las normativas actuales no responden a las exigencias de la sociedad chilena.
5. Más transparencia en la industria extractiva. A nivel global, la demanda de transparencia en las industrias extractivas se ha incrementado en los últimos años. Los estándares de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) han sido adoptados o están prontos a ser adoptados por muchos de los principales países productores de petróleo, gas y minerales. Es de esperar que el nuevo gobierno preste atención a esta tendencia global y comience a emprender pasos para que las personas conozcan de mejor manera las fuentes y el destino de la riqueza originada en la explotación de nuestros recursos mineros.
A las materias anteriores pueden, sin duda, agregarse varias otras pero hemos querido destacar las que estimamos como principales. Los avances que vayan produciéndose en la agenda de transparencia permitirán, además, que probablemente Chile suba en los rankings internacionales que miden los niveles de corrupción y transparencia, pero para ello es indispensable una permanente lucha para detener cualquier asomo de corrupción para lo cual se necesita un valiente y efectivo control, investigación y castigo de cualquier acto que sea contrario a la probidad y la transparencia.
