El hilo se corta por lo más delgado

JOSÉ MIGUEL ALDUNATE

Imagina esta situación: eres director de un liceo y un tribunal te ordena crear un sobrecupo para un alumno que se encontraba 11° en la lista de espera. Tú sabes que, según las reglas del sistema, si vas a crear un sobrecupo, hay diez postulantes antes. Entonces, intentado cuadrar el círculo, pides la autorización del Ministerio de Educación. Pero esa autorización nunca llega.

Es lo que sucedió la semana pasada a Franklin Rodríguez, director del Liceo San Francisco de Vallenar, que fue detenido por desacato tras incumplir un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó que le ordenaba infringir la ley. La detención ocurrió en pleno horario de clases, frente a alumnos y profesores.

“Pasaremos de un sistema de selección mal diseñado a un sistema que suma aún más irracionalidad al mal diseño original”.

Es decir, el Legislador ordena una cosa, el Poder Judicial lo contradice y el Ejecutivo calla. Entremedio, los particulares reaccionan como esos conejos encandilados en la carretera, que siempre mueren atropellados. Con la diferencia de que, en este caso, las luces vienen desde ambos lados del camino.

De un lado, el director Rodríguez y los alumnos de su liceo fueron víctimas de una política pública pésimamente diseñada. La historia es conocida. Las consignas estudiantiles de 2011 inspiraron las reformas educacionales del segundo gobierno de Michelle Bachelet cuyos resultados están a la vista: en el ámbito macro, los 83 días sin clases de los colegios públicos de la región de Atacama. Y en el ámbito micro, los 11 alumnos en lista de espera para obtener un sobrecupo en el tercero medio de un colegio particular subvencionado, como seguramente empezará a ocurrir en cientos de colegios a lo largo del país.

Del otro lado, la solución ofrecida por el Poder Judicial solo empeora el problema. Es cierto que cada vez que las políticas públicas están mal diseñadas, a los jueces les toca hacerse cargo de los despojos: en este caso, todos aquellos alumnos que, gracias a la ley de inclusión, quedaron paradójicamente sin colegio.

Pero, por alguna razón que no logro comprender, los jueces creen que los derechos fundamentales son una especie de varita mágica capaz pasar por sobre todas las dificultades técnicas y políticas a que se ve enfrentado el legislador, restituyendo de un paraguazo la justicia en este mundo. Así, desde el punto de vista de la Corte de Apelaciones de Copiapó, un alumno cuyos derechos fueron vulnerados obtuvo una sentencia que le restituía dichos derechos y fin de la historia.

Pero la Corte de Apelaciones es ciega a los otros diez alumnos que no reclamaron. Es ciega a la incapacidad material y jurídica del director del liceo de alterar el Sistema de Admisión Escolar. Y, sobre todo, es ciega a la complejidad y la escala del problema de fondo. El resultado es que pasaremos de un sistema de selección mal diseñado a un sistema que suma aún más irracionalidad al mal diseño original, agregando la posibilidad de saltarse la fila por la vía judicial.

Y mientras tanto, el gobierno sigue pasando piola. Si el director Rodríguez está leyendo esta columna, vaya para él este consuelo: tranquilo, los ciudadanos sabemos que no es su culpa y que el hilo se corta por lo más delgado.