El Estado y los territorios

Imágenes difíciles de olvidar nos llevan al tema de la gestión del Estado en el territorio. Las primeras son de viviendas arrasadas por el fuego en Viña del Mar y cadáveres de personas que murieron por asfixia o calcinadas en su interior. Otros muertos en las calles e incluso en automóviles cuando intentaban huir de las llamas.

Un segundo grupo son imágenes de la toma en Camino a Melipilla, en Maipú, donde se encontró -enterrado a un metro y medio de profundidad y bajo un radier de cemento en una precaria edificación- el cadáver del exteniente venezolano Ronald Ojeda; o de otra toma de terrenos en Cerrillos, donde los residentes habilitaron un cementerio clandestino para enterrar a los muertos en las constantes riñas entre pandillas de traficantes y delincuentes que allí habitan.

“¡Estamos enfermos de normas y leyes en este país, pero muy pocas se cumplen! Cada nueva norma que se aprueba y no se fiscaliza degrada la función del Estado, y eso está sucediendo de manera creciente”.

Son imágenes tétricas que resumen la decadencia del Estado y se vienen a sumar a otras que ya nos parecen normales: basura a raudales en calles y caminos; carpas en las plazas y lechos de ríos donde pernoctan personas y animales; innumerables rayados en paredes de casas, tiendas y otros edificios.

Las autoridades comunales, cuando esas imágenes salen a la luz pública, gustan de sumarse a las víctimas de esos horribles hechos, asegurando que varias veces han pedido que se resuelvan los problemas y no han tenido respuesta de alguna autoridad central.

No importa que, en algún caso, como el de Viña del Mar, la municipalidad no tenga aprobado un plan de emergencia y evacuación, que es obligatorio, y cuya ausencia puede explicar muchas muertes. Tampoco que autoridades comunales -con honrosas excepciones, como el alcalde Rodolfo Carter- no sean diligentes en desalojar viviendas construidas sin los correspondientes permisos y en terrenos ajenos, o ubicadas en lugares en que no está permitido edificar, como quebradas o lechos de río.

Nuestras carreteras están rodeadas de viviendas levantadas transgrediendo las normas, sin respetar la subdivisión mínima en el caso de terrenos rurales, ni menos las normas de edificación. A menudo quienes sí construyen respetando las normas, obteniendo los permisos correspondientes y la recepción de las obras, son fiscalizados y multados arbitrariamente, pues es más cómodo para los funcionarios notificar a esas propiedades que a las que son notoriamente irregulares.

Cuando ocurre una tragedia, o un reportaje de televisión denuncia alguna situación irregular, los programas matinales se llenan de políticos que se suman a las denuncias. Su máximo esfuerzo de creatividad suele ser proponer una nueva ley para prohibir lo que ya está prohibido. ¡Estamos enfermos de normas y leyes en este país, pero muy pocas se cumplen!

En efecto, al momento de proponerse y discutirse leyes pocos se ocupan de discernir cuán probable es que el cumplimiento de la norma sea fiscalizado de manera eficaz. Cada nueva norma que se aprueba y no se fiscaliza degrada la función del Estado y eso es lo que está sucediendo de manera creciente en nuestro país.

Ahora que el país se enfrentará a elecciones de gobiernos locales y regionales, los votantes y los medios de comunicación debieran poner énfasis en la labor fiscalizadora de los municipios, denunciando a aquellos que exhiben una pobre gestión en esa materia.

Algunos de estos problemas vienen de antes, es cierto, pero nuestras noveles autoridades, que se llenan la boca con los territorios, hacen una pobrísima gestión de ellos. Su inexperiencia laboral le está costando muy cara a los chilenos.