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Alto contrasteEl empleo no puede seguir esperando
Hernán Cheyre V. Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES) de la U. del Desarrollo
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Hernán Cheyre
Cuando faltan poco más de dos semanas para que luego del receso estival vuelva la vorágine de marzo, y con ello se dé inicio a un año político que va a estar marcado por el vértigo electoral, en el ámbito económico hay temas que no pueden seguir esperando. El problema de la inflación aún no termina de resolverse, pero en un contexto internacional muy volátil el Banco Central está adoptando las medidas prudenciales del caso, introduciendo una pausa en el proceso de “normalización” de las tasas de interés, lo cual va a permitir encauzar de mejor forma el proceso de convergencia inflacionaria hacia la meta del 3% anual. El problema del crecimiento sigue pendiente, con perspectivas de inversión bastante precarias aún – situación muy influida por las dificultades asociadas a la obtención de permisos y a la tramitación medioambiental de los proyectos-, con problemas de productividad que no se logran resolver, lo cual mantiene estancado el potencial de crecimiento de la economía chilena en menos de 2% anual.
“La cifra que más debe preocupar es que hay todavía más de 250 mil empleos que no se recuperan desde la pandemia, en circunstancias de que los niveles de actividad en general ya superaron ese límite”.
No obstante las observaciones que se pueda hacer a las propuestas del Gobierno para impulsar el crecimiento, al menos hay que reconocer que el tema está nuevamente en el tapete, luego de una larga ausencia en la agenda gubernamental, habiendo un consenso bastante transversal en cuanto a la prioridad que se le debe asignar a este tema durante 2025. Sin embargo, el problema del empleo sigue ocupando un lugar secundario, sin que exista real conciencia del alcance que esto tiene. Los indicadores tradicionales son conocidos por todos, como también lo es el diagnóstico acerca de la baja tasa de participación laboral que sigue prevaleciendo. Pero la cifra que más debe preocupar es que hay todavía más de 250 mil empleos que no se recuperan desde la pandemia, en circunstancias de que los niveles de actividad en general ya superaron ese límite.
Siendo efectivo que la inversión es el principal motor para generar empleos, y que, por ende, hace pleno sentido colocar énfasis en impulsar nuevos proyectos, ello no debe ser lo único: los costos de contratación también tienen una incidencia que es fundamental, y si algo ha ocurrido en los últimos años es una evolución en la dirección alcista, como es el caso del aumento en el salario mínimo y la Ley de 40 Horas, ambas con un especial efecto negativo en las empresas de menor tamaño. Si a esto se agrega que, con la gradualidad del caso, la reforma de pensiones recién aprobada contiene un alza en el costo de contratación que van a enfrentar los empleadores, es momento de pensar en serio en mecanismos que permitan flexibilizar las contrataciones. El reemplazo de las indemnizaciones por años de servicio en caso de despido por una indemnización a todo evento que funcione bajo la lógica de un seguro de cesantía financiado con aportes de los propios empleadores, con un tope máximo inferior a los 11 años que contempla la ley vigente -y que tiene a Chile como el país de la OCDE con mayor costo en caso de despido- otorgaría una flexibilidad que sería muy beneficiosa para la creación de nuevos puestos de trabajo. Ante la urgencia del problema, este tema no puede seguir esperando indefinidamente.
