El derecho a la seguridad social… ¿y el deber de cotizar?

Cecilia Cifuentes

Se aproxima una nueva discusión previsional, que debería partir por uno de los pocos consensos que tenemos: la causa principal de las bajas pensiones es la falta de cotizaciones, producto de la informalidad laboral. Este problema, en vez de reducirse, está aumentando, en parte porque la economía digital ha pasado a ser una fuente adicional de incumplimiento.

No podemos hablar de profundizar el derecho a la seguridad social, mientras se hace poco y nada por avanzar en formalidad; no es sostenible la existencia de derechos sin los correspondientes deberes.

“El mensaje de la política de seguridad social debería ser uno solo: cotizar es una excelente inversión, a nivel individual y también colectivo. El fomento de la formalidad debe ser un eje central de las políticas públicas”.

El derecho a la seguridad social está muy presente en el discurso, sin embargo, en la práctica el mundo político ha sido incapaz de ir adaptando la legislación y la normativa a la realidad del mercado laboral. Sabemos que la seguridad social se basa en un esquema en que todos los beneficiarios pagamos primas por obtener prestaciones cuando las necesitamos -en materia de cesantía, salud y vejez-, pero nos enfrentamos a una realidad en que queremos entregar los beneficios sin pagar las primas.

El resultado evidente es que son cada vez menos los que están dispuestos a pagarlas. No es la falacia de “la privatización de la seguridad social”, sino la política pública la que está fracasando. La única forma de resolver el problema es lograr que el pago de la prima y la obtención de los beneficios estén asociados. Debemos ser capaces de que las personas perciban los beneficios de pagar los seguros.

Lamentablemente, estamos perdiendo una oportunidad muy valiosa, desaprovechando los cambios a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Establecer la entrega de un IFE automático cuando la totalidad o una parte del territorio nacional se encuentre amenazado o afectado por una crisis sanitaria, sigue entregando el mensaje erróneo de que se pueden dar seguros a la población sin la necesidad del pago de primas.

Por el contrario, la Ley de Protección al Empleo, establecida debido a la pandemia en 2020, es un excelente ejemplo de cómo la formalidad laboral puede beneficiar a los trabajadores que cotizan, quienes en situaciones extremas pueden seguir recibiendo ingresos, a través de un financiamiento tripartito, en que el fondo solidario financiado con recursos públicos apoya a los trabajadores más vulnerables. El actual sería, entonces, un excelente momento para que los trabajadores percibieran en forma más clara los beneficios de cotizar, asegurando que en ese tipo de situaciones extremas no dejarán de recibir ingresos.

La reforma de pensiones es también una oportunidad clave para fomentar la formalidad, asegurando, por ejemplo, una jubilación equivalente al salario mínimo cuando se ha cotizado un determinado número de años, y/o vinculando el aumento de la PGU también a una determinada densidad de cotizaciones. El establecimiento de un fondo colectivo, en cambio, avanza en la dirección opuesta.

Parecen muy importantes también las campañas educativas para difundir los beneficios que tienen las cotizaciones de seguridad social. Es sorprendente, por ejemplo, la ignorancia que existe entre las mujeres sobre el subsidio de maternidad y de enfermedad del hijo menor de un año, que se traduce en que para las mujeres en edad fértil no exista ninguna alternativa más rentable que cotizar.

El mensaje de la política de seguridad social debería ser uno solo: cotizar es una excelente inversión, a nivel individual y también colectivo. Tiene que ser un eje central de las políticas públicas el fomento de la formalidad, pues hasta ahora muchas han actuado en el sentido inverso.