Economía y Constitución

Luis Felipe Lagos M.

La Constitución, como marco general del diseño institucional del país, es crucial para el desempeño de la economía. El proceso constitucional en que ha estado envuelto el país ha sido largo y tedioso, y por sobre todo, ha generado grados muy elevados de incertidumbre política y económica.

El punto más álgido en los niveles de incertidumbre se alcanzó con la Convención anterior, cuando se plebiscitó un proyecto refundacional, que debilitaba la democracia e impedía el progreso y que contó con un decidido apoyo del Gobierno, señalando incluso que la implementación de su programa dependía de la aprobación del proyecto constitucional. Como sabemos, la propuesta fue rechazada por un amplio 62%, moderando el nivel de incertidumbre.

“Una Constitución no es una varita mágica que permita restablecer el crecimiento de inmediato, pero al reducir la incertidumbre, permite retomar decisiones de inversión en el corto plazo”.

La incertidumbre no solo posterga proyectos de inversión, en algunos casos origina un redestino de éstos hacia otros países o el desistimiento. La menor inversión reduce la contratación de mano de obra, avances en productividad y el crecimiento. En efecto, una de las razones del estancamiento actual de la economía, después del necesario ajuste para resolver los desequilibrios macro, han sido los elevados niveles de incertidumbre.

Hoy, estamos a días de un nuevo referéndum constitucional. Un categórico resultado favorable terminaría el proceso y legitimaría la nueva Constitución. Una Constitución no es una varita mágica que permita restablecer el crecimiento de inmediato, pero al reducir la incertidumbre, permite retomar decisiones de inversión en el corto plazo. Un resultado adverso, en teoría también podría reducir la incertidumbre al validar o legitimar la Constitución actual. Si bien las autoridades han afirmado que no habría otro proceso en esta administración, hay un problema de credibilidad con este anuncio.

De partida, los grupos más radicales seguirán presionando por una Asamblea Constituyente, y paralelamente el oficialismo querrá aprovechar la actual composición del Congreso y el quórum de 4/7 para reformar la Constitución actual y las Leyes Orgánicas (LOC) por mayoría simple. La incertidumbre permanecerá.

En lo fundamental, la propuesta constitucional avanza en reducir la fragmentación política y el discolaje, lo que redundaría en una mayor gobernabilidad, aspecto clave para acordar reformas que impulsen el crecimiento. Incorpora los derechos sociales anhelados por la ciudadanía, pero con responsabilidad fiscal e incluyendo la subsidiariedad; asegura la provisión mixta de ellos fortaleciendo la libre elección, desterrando los monopolios estatales; asegura los derechos de propiedad: los ahorros previsionales y cotizaciones no podrán ser expropiados ni apropiados por el Estado.

Mantiene la autonomía del Banco Central, crucial para controlar la inflación. Fortalece la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, lo que es fundamental para evitar el populismo parlamentario, como ocurrió con los retiros de ahorro previsional. Moderniza la administración del Estado al establecer un régimen de empleo público profesional y técnico, y se crea un Consejo autónomo para evaluar leyes y políticas públicas que puede tener un rol decisivo en la calidad de las políticas y aumentos de productividad.

Se consideran más instrumentos para combatir la violencia, delincuencia y crimen organizado. Más allá del gran costo social que conlleva el crimen, existe un costo macroeconómico. Estimaciones del FMI concluyen que un aumento de 1% en la tasa de homicidios, reduce el crecimiento del PIB en 0,3 puntos porcentuales.