Discutible premio

Clemente Pérez

Ustedes son muy jóvenes, pero yo recuerdo cuando Chile destacaba en el mundo por su política habitacional. Políticas públicas coherentes, siempre perfectibles por cierto, nos llevaron a pensar que los campamentos estaban llegando a su fin. Hace 20 años, quedaban poco más de 20 mil familias viviendo en los últimos 250 campamentos, de acuerdo con cifras de Techo.

Sin embargo, la suma de varios factores, como la escasez de suelo, el encarecimiento de la mano de obra (un problema bueno), la permisología, la inflación y la inmigración, hicieron que este problema, lejos de resolverse, haya empeorado dramáticamente: hoy son 113 mil familias las que viven en los más de mil campamentos, y cada día se suman más. Eso significa, como sabemos, condiciones insalubres, poco dignas y muy precarias, para miles de chilenos.

“Sería deseable que los próximos premios de arquitectura se otorguen a quienes efectivamente han destacado en el diseño de viviendas sociales. No parece ser el caso reciente”.

Para enfrentar este problema se requieren buenas políticas públicas: más y mejores subsidios habitacionales, más suelo urbano disponible, mayor densificación, especialmente en lugares de buen acceso al transporte público, como es en las cercanías de las estaciones de Metro. Y también se requiere de buenas inmobiliarias, constructoras y profesionales de toda índole, que dediquen sus mejores esfuerzos a combatir el déficit habitacional.

Por eso da tanta alegría cuando un premio importante, como el Premio Nacional de Arquitectura, se otorga a un arquitecto que se dedica a diseñar viviendas sociales. No puedo más que discrepar de Germán del Sol, quien afirmó que “este premio debiera ser para quienes diseñen casas, no viviendas sociales, donde todos quisiéramos vivir, porque vemos reflejadas en ellas el esplendor que tiene nuestra vida aun con sus miserias”.

Ojalá, la mayoría de los premios de arquitectura se los den a quienes diseñen buenas y muy necesarias viviendas sociales. Sería deseable, eso sí, que los próximos se los den a quienes efectivamente han destacado en esta labor: Alejandro Aravena, Cristián Undurraga, Francisco Vergara y tantos otros. No parece ser el caso del recientemente galardonado Cristián Castillo, militante del Frente Amplio, a quien se le conocen pocas obras.

Pocas obras, pero sí muchas declaraciones. En una entrevista reciente señaló que “las tomas son legítimas” y que debieran ser los partidos políticos los que se hagan cargo de las tomas de terrenos. El problema de esto es que demuestra no entender el fondo del problema.

Las tomas son ilegítimas no solo porque vulneran el derecho de propiedad (para algunos basta esta línea argumental), sino especialmente porque lejos de resolver el déficit habitacional, lo terminan agravando.

Con las tomas, en vez de los más necesitados, adquieren un terreno (no una vivienda), los más fuertes, los más osados o los más apitutados. En vez de aunar esfuerzos públicos y privados, las tomas promueven el conflicto, ahuyentan la inversión privada, crecen los cercos, los muros y se destruyen los espacios públicos. Es curioso que este tipo de pensamientos y obras reciban el respaldo de instituciones destacadas como el colegio de arquitectos.