DF Tax | Reforma tributaria 2.0: ¿cuánta agua hay en la piscina?

Tomás Álvarez

La reciente cuenta pública del Presidente Boric dejó en evidencia la necesidad apremiante del Gobierno de aumentar la recaudación tributaria, lo cual pone en juego gran parte de su programa.

Ante esta situación, el ministro Marcel ha sido encargado nuevamente de sacar adelante una compleja reforma tributaria, y se espera presentar una nueva propuesta al Senado para fines de julio, según el Ministerio de Hacienda

“Sigue, en todo caso, habiendo poca agua en la piscina. Por ello, el Gobierno debería aprovechar esta nueva oportunidad para proponer una reforma inteligente y realista, en el sentido de elegir cuidadosamente en qué materias hay disponibilidad política para avanzar (ejemplo: incentivos a la inversión, combate a la elusión y evasión, estatuto pro PYME, simplificación tributaria, eliminación de ciertas exenciones, impuestos correctivos, combate a la informalidad, etc.)”.

A estas alturas, y más aun considerando las últimas declaraciones del secretario de Estado sobre la supuesta falta de financiamiento inicial de la PGU, resulta legítimo preguntarse si hay suficiente agua en la piscina, de manera de evitar un segundo bochorno legislativo por parte del Gobierno.

La respuesta a la pregunta anterior ha ido cambiando con el pasar de las semanas. Inicialmente, lograr consensuar una nueva reforma tributaria que sortee la vara del Senado -esta vez con un quórum más exigente de aprobación- parecía bastante irreal. Sin embargo, pareciera ser que el Gobierno ha ido aterrizando sus pretensiones iniciales, tanto desde el punto de vista de los instrumentos propuestos inicialmente (ej: impuesto al patrimonio, impuesto a las utilidades tributarias retenidas en sociedades de inversión) como de la recaudación proyectada.

Sigue, en todo caso, habiendo poca agua en la piscina. Por ello, el Gobierno debería aprovechar esta nueva oportunidad para proponer una reforma inteligente y realista, en el sentido de elegir cuidadosamente en qué materias hay disponibilidad política para avanzar (ej: incentivos a la inversión, combate a la elusión y evasión, estatuto pro PYME, simplificación tributaria, eliminación de ciertas exenciones, impuestos correctivos, combate a la informalidad, etc.).

Se podrían sumar al listado anterior algunos incentivos específicos al desarrollo de energías renovables y desarrollo de tecnologías para la desalinización del agua de mar, incentivos específicos para el generación y desarrollo de start ups en Chile (incluyendo, por ejemplo, una menor tasa de impuesto a la renta cuando sus fundadores realicen un “exit” en el país), estatuto tributario especial para el desarrollo de la filantropía en Chile, etc. De esta forma, a la recaudación proyectada solo en base al alza de tributos se agregaría también una potencial alza de la recaudación fiscal vía crecimiento, innovación y desarrollo tecnológico, lo cual ciertamente tiene mejor presentación política, y, por tanto, debería gozar también de un apoyo más transversal.

A los temas tributarios anteriores más tradicionales podríamos también agregar otros menos “sexies” como la implementación del Pilar 1 y Pilar 2 de la OCDE que afectará principalmente a las grandes compañías con operaciones en distintas jurisdicciones, respecto del cual -al menos, en mi conocimiento- el Ministerio de Hacienda no ha hecho, a la fecha, ningún pronunciamiento.

Independiente del nivel de agua en la piscina legislativa, cabe hacer presente que existen mejoras de tipo administrativas que pueden traer un alza en la recaudación sin necesidad de pasar por el Congreso. Cuando el tiempo apremia, hay que ser creativos.

Ejemplo de esto podría ser el reciente acuerdo que suscribió el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio Público para perseguir de forma más coordinada los delitos tributarios, o las mejoras de tipo tecnológicas que el mismo SII ya lleva implementando hace algunos años. El mismo SII informó a fines de mayo que se incrementó la recaudación en un 30% respecto de lo recaudado en 2021 en contribuyentes considerados "riesgosos" producto de acciones de fiscalización con las herramientas ya existentes en la ley.

En otras palabras: no todo el partido se debiera jugar en el Congreso; hay algunas mejoras que podrían realizarse fuera de él.

Es cierto que este tipo de medidas administrativas, el crecimiento económico o la eliminación de la “grasa” del Estado -por sí solos- no bastan para satisfacer las crecientes necesidades sociales. Pero también parece razonable y justo pedir que, si los contribuyentes vamos a hacer un esfuerzo económico extra, el Estado también lo haga por la vía de mejorar la eficiencia del gasto público y la coordinación entre sus instituciones.

La pronta aprobación de la reforma tributaria es clave. En caso de que el nuevo proyecto de Hacienda no logre sortear la valla legislativa este año, el Gobierno quedaría en una situación prácticamente irremontable para lograr cumplir parte importante de sus promesas de campaña. El desafío de determinar qué materias se incluirán dentro de esta nueva propuesta de reforma del Gobierno incidirá directamente en la cantidad de agua en la piscina que habrá para el ministro Marcel y su equipo.

Una reforma más acotada y bien focalizada parecería ser hoy la premisa; los proyectos (tributarios) maximalistas requieren de un respaldo político amplio, del cual el Gobierno hoy carece. Un fracaso en el segundo round tributario en el Congreso se traduciría para el Gobierno, en la práctica, que este deberá limitarse a meramente administrar más que a gobernar en lo que le resta de período en el poder.