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Alto contrasteDF Tax | Recaudar bien, más allá de la reforma tributaria
Felipe Herrera, socio de Patagon tax & corp.
A fines del año pasado, se aprobó la ley de cumplimiento tributario con el objetivo de mejorar la recaudación y el cumplimiento fiscal. Ahora, esperamos una nueva reforma tributaria enfocada en renta, que se dice será neutra. Suena razonable, pero alcanzarla sin introducir distorsiones es un reto.
Modificar la estructura tributaria es necesario e incluso podemos considerarlo urgente, especialmente cuando hay inequidades o desajustes en la carga fiscal. Pero mientras debatimos la próxima gran reforma, hay un aspecto que sigue quedando al margen: el adecuado cumplimiento por parte de la administración tributaria de sus funciones.
En relación a la administración, el debate tributario suele centrarse en el Servicio de Impuestos Internos (SII), como en la reciente discusión sobre avalúos de bienes raíces. Pero la Tesorería General de la República (TGR), encargada de la recaudación, es igualmente crucial y sus deficiencias reciben poca atención.
El proyecto de cumplimiento tributario avanzó en esa dirección, promoviendo avances en digitalización, en la prescripción de algunas deudas de oficio y en flexibilizar condonaciones y convenios de pago (temporalmente). Pero estos cambios son solo una parte del problema.
El acceso a circulares sigue siendo tan lento y burocrático como lo era en el SII hace más de 20 años. Obtener información clara y oportuna sobre los expedientes de cobro es un desafío y las posibilidades de acceso a ellos varían entre Tesorerías Regionales. Las notificaciones de embargo, en muchos casos, siguen siendo ineficaces, afectando el derecho de los contribuyentes de defenderse a tiempo.
Más preocupante aún es la falta de imparcialidad en el procedimiento de cobro. El tesorero regional actúa como juez sustanciador, siendo parte interesada en la recaudación. Peor aún, el abogado del servicio -encargado de velar por el adecuado cumplimiento normativo- es quien redacta los borradores de resoluciones de embargo e imputación de fondos e incidentes, con metas de recaudación que impactan su remuneración. Este conflicto de interés erosiona la confianza en el sistema y convierte las impugnaciones en un trámite frustrante, donde solo los casos excepcionalmente evidentes logran revertir decisiones arbitrarias, el resto se debe recurrir a la justicia ordinaria, con los tiempos que ello implica.
El asunto es que no basta con diseñar un sistema tributario más eficiente en el papel, sino de garantizar que opere correctamente en la práctica. No podemos esperar otra gran reforma para corregir lo que ya debiese funcionar. Hay ajustes administrativos que pueden implementarse ahora, sin necesidad de un nuevo debate legislativo.
Bienvenidos los proyectos que busquen un cumplimiento tributario más eficiente y una recaudación más efectiva. Pero no olvidemos que la administración de los recursos existentes también requiere atención urgente. Podemos -y debemos- caminar y masticar chicle al mismo tiempo.
