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Columnistas

DF Tax | Pacto social y pacto fiscal, causa y consecuencia

Magdalena Brzovic, socia de Brzovic & Cía.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 3 de agosto de 2023 a las 04:00 hrs.

Fines comunes exigen esfuerzos compartidos. La “ciudadanía política” y la “ciudadanía fiscal” son conceptos solidarios. Lo que funda la relación entre Contrato Social y Pacto Fiscal podía resumirse en esta frase: no taxation without representation, no representation without taxation. ("sin representación no hay impuestos y sin impuestos no hay representación")

El pacto debe guardar armonía con los fines contemplados en el Contrato Social, so pena de que éste pierda concreción, y aquél legitimidad.

El contrato versa sobre las reglas y fines de la convivencia social, el pacto lo hace sobre los medios que las posibilitan, los cuales no sólo son escasos, sino que, además, deben atender a la complejidad que reviste el funcionamiento de un sistema económico.

“Fines comunes exigen esfuerzos compartidos. La “ciudadanía política” y la “ciudadanía fiscal” son conceptos solidarios. Lo que funda la relación entre Contrato Social y Pacto Fiscal podía resumirse en esta frase: no taxation without representation, no representation without taxation. (“sin representación no hay impuestos y sin impuestos no hay representación”)”.

“El Pacto Fiscal es necesario y es el antecedente que lo posibilita. Un Pacto Fiscal no debe enfocarse solo en aumentar impuestos, sino también en simplificar el sistema tributario ofreciendo estabilidad, certeza jurídica y competitividad tributaria del país. Es hora de que nuestras autoridades dejen de pelear y discutan, y lo hagan con sentido común”.

Tal vez un poco de historia ayude a comprender mejor lo que intento explicar.

Las primeras versiones del Contrato Social trataban de proteger los derechos fundamentales, la libertad y la propiedad. El desafío era frenar los atropellos del soberano.

Después con el laissez-faire y la coincidencia entre el interés particular y el social, el Estado se mantuvo al margen del funcionamiento de los aspectos sustantivos del sistema económico y se avocaba a las funciones enumeradas por Adam Smith: defensa, justicia, construcción de obras públicas y por supuesto la educación

Esta concepción del Estado comenzó a perder legitimidad hacia finales del siglo XIX. La presión de los movimientos obreros y los efectos generados por el pensamiento socialista y marxista y sus críticas a los fundamentos del sistema capitalista, obligaron a reformular el rol del Estado y, por consiguiente, a rediseñar la política fiscal. Surge así el Estado de Bienestar de Otto von Bismarck (unificación alemana) con resultados irrefutables.

La Primer Guerra, con la irrupción del nazismo y del fascismo, el Estado comienza a cobrar mayor protagonismo en materia de protección social; pero, con severos déficits en el campo de las libertades civiles y políticas.

A partir de los ‘30 la intervención del Estado en cuestiones como salud, educación, seguridad social y protección del empleo -mediante indemnizaciones al despido- o el empleado -mediante subsidios a los desempleados-, comienza a cobrar protagonismo creciente con el objetivo de, como rezaba el slogan del Partido Laborista británico de postguerra, proteger al individuo “desde la cuna hasta la tumba” o, dicho en términos rawlsianos, de minimizar los efectos de la “lotería natural”

Entre 1970 a 1990 como consecuencia de la crisis, el mapa socioeconómico cambia sustancialmente en los países industrializados.

En el marco de la globalización y bajo el influjo del pensamiento neoliberal, se incrementan fuertemente los flujos de capitales y de la inversión extranjera directa, así como el proceso de desregulación de los mercados y privatización de empresas públicas.

En Latam continuas rupturas del Contrato Social por las reticencias de las elites políticas para dar respuestas a las demandas sociales, imposibilitaron alcanzar una estructura fiscal consensuada y estable. Así entonces, el Pacto Fiscal es necesario y es el antecedente que lo posibilita. Un Pacto Fiscal no debe enfocarse solo en aumentar impuestos, sino también en simplificar el sistema tributario ofreciendo estabilidad, certeza jurídica y competitividad tributaria del país.

Es hora de que nuestras autoridades dejen de pelear y discutan, y lo hagan con sentido común.

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