DF Tax | Nueva Constitución, impuestos y municipalidades

Álvaro Moraga

Según datos de la Tesorería General de la República, los ingresos por impuestos, en billones de pesos, han sido de $ 22.953 el 2013, $ 24.484 el 2014, $ 27.667 el 2015, $ 28.998 el 2016, $ 30.754 el 2017, $ 34.304 el 2018 y $34.579 el 2019. Ojo que estamos hablando de billones, que en nuestro sistema se trata de millones de millones. El sólo hecho de tener libre acceso a estos números da cuenta del gran avance en materia de transparencia y estadísticas de los ingresos y gastos fiscales, lo cual se celebra.

Quien controla -o debe controlar- las finanzas públicas es la Contraloría General de la República, quien tiene el deber constitucional de fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, las municipalidades y demás organismos que determinen las leyes.

Lamentablemente, al tener como función principal el control de la legalidad de los actos de la administración del Estado, la primera pasa a un lugar secundario. Si bien se ha avanzado mucho en esta materia en lo que al poder central se refiere, no ha sucedido lo mismo en el mundo municipal, administrador de cifras exorbitantes, sin un control exhaustivo y sanciones claras.

Hace unos días, un alcalde y candidato presidencial celebró la llegada de un tercer colega al ruedo, diciendo que si en Chile gobernaran los alcaldes éste sería otro país. Si bien se entiende el punto de que son estas autoridades las que más cerca están de la ciudadanía y sus demandas, lo que no se entiende es que gocen de la autonomía de gestión financiera que nuestra institucionalidad les entrega por omisión. Una prueba de esto es que las auditorías realizadas por la Contraloría que dieron cuenta de déficits de $ 20 mil millones y $ 17 mil millones en la Florida y Viña del Mar, además de otras como Illapel, Calama, Coquimbo y Melipilla sólo quedaron en titulares de los diarios de la época. Y lo peor fue que, en respuesta, la Asociación de Municipalidades sólo se limitó a reclamar por la dispar metodología del órgano contralor en la forma de realizar unas y otras evaluaciones.

Ad portas de entrar al nuevo sistema de gobernanza de las regiones, con autoridades elegidas democráticamente y patrimonio propio, el peligro no sólo de perpetuar esta verdadera impunidad, sino que de profundizarla, es real. Y todo ello, a costa de los contribuyentes, a quienes se les exige cada vez más en materia tributaria.

Esta realidad, la coyuntura constitucional y la transversal exigencia de un Estado moderno, eficiente y transparente, que sea real depositario de la confianza de todos, muestran la urgencia de un sistema de control mucho más eficiente de los destinos de los miles de millones de dólares que anualmente destina el Estado a las municipalidades.

En este marco, hace algunos días, en un coloquio constitucional del Colegio de Abogados de Valparaíso, Agustín Squella señalaba, con vehemencia y angustia, que el poder hay que dividirlo, limitarlo y vigilarlo, sea político o económico, ya que su capacidad de daño es infinita si no se le vigila. Por ello, es que una nueva Constitución debe considerar una profunda revisión de las herramientas de nuestra institucionalidad a este respecto. No creo que nadie pueda estar en desacuerdo con esta necesidad.

La clase política ha sido muy activa en los últimos años en materia tributaria, instalando el discurso de que los que tienen más deben pagar más. Sin embargo, hay un debate previo y necesario, de cara a una democracia realmente transparente, y que es entrar de lleno a la fiscalización de las arcas municipales, muchas de las cuales hoy se usan no sólo para desconocidos -o al menos ineficientes- fines, sino que públicamente se destinan a maquinarias electorales y agendas personales, sin ningún control y sin ningún cuestionamiento.