DF Tax | Impuestos y basura. ¿Quién le pone el cascabel al gato?

Jorge Canals

La más ambiciosa de las transformaciones ambientales que está en curso en Chile pasa prácticamente desapercibida para la opinión pública. Las discusiones relativas al cambio climático o a sus impactos, como la mega sequía, invisibilizan la implementación de la Ley 20.920, promulgada el 2016, y que introduce por primera vez en un país latinoamericano el instrumento económico de la "Responsabilidad Extendida del Productor" (REP), y otros instrumentos innovadores para la gestión de residuos como el ecodiseño, el ecoetiquetado, y la recolección selectiva.

En términos simples, la ley obliga a productores e importadores de ciertos productos a organizar y financiar sistemas de gestión para recolectar y valorizar determinadas cantidades de basura de los productos prioritarios establecidos en la Ley. Todo este entramado ya se encuentra en marcha, para comenzar con metas exigibles el año 2021 para los neumáticos fuera de uso, y el 2022 para envases y embalajes, producto donde, por volumen e implicancias, se juega el éxito o el fracaso de la Ley.

Esta persigue modificar conductas y hábitos de la población en corto tiempo, desde un punto de partida complejo. En Chile, se generan aproximadamente 17 millones de toneladas de desechos anuales y la tasa de generación per cápita aumenta constantemente. Hay poca infraestructura para separar y clasificar los residuos, y lo que es más preocupante, bajas tasas de participación de las personas al tiempo de separarlos para la recolección selectiva. Sigue siendo muchísimo más barato disponerlos en un relleno sanitario que generar todo el proceso de economía circular, objetivo expreso de la Ley.

Pero una de las trabas principales son los impuestos. Las municipalidades son responsables de la recolección y disposición de sus basuras, y la mayoría adjudica contratos a agencias de recolección que trasladan los desperdicios a rellenos sanitarios privados, generalmente situados en la periferia de las ciudades. Hay, por ello, un déficit municipal para servicios de aseo de casi $260 mil millones (versus los derechos de aseos recaudados) y el 96% de las alcaldías presenta un déficit económico (solo 11 municipios de los 345 recaudan derechos de aseo que financian los costos de los servicios).

Luego, el sistema de cobro de derechos de aseos ha quedado desfasado para contribuir al éxito de la REP, ya sea por la cantidad de viviendas exentas por su avalúo fiscal, o bien por su no pago. Debe discutirse entonces qué estructuras impositivas habrán de proponerse para transitar hacia una economía circular, con una gestión de desechos ambientalmente racional, que disminuya la generación e incentive la reutilización, el reciclaje y otras formas de valorización.

Las experiencias comparadas exitosas dan cuenta de impuestos ambientales a los rellenos sanitarios por toneladas; tributos graduados para los diferentes tipos de residuos (los más caros son aquellos remanentes que van a disposición final) o, como en el caso de Suiza, sistemas de pay-as-you-throw, donde el monto a pagar se calcula proporcionalmente a la cantidad de basura producida en las viviendas.

En consecuencia, debe instalarse en el debate que, sin impuestos que desalienten la generación de desechos, y su disposición final, además de internalizar los costos de generar desperdicios para las personas, la profunda transformación de la REP corre serio riesgo de fracasar. ¿Quién le pone el cascabel al gato?