DF Tax | Impuestos verdes: una revisión real y a tiempo

Javiera Muñoz

Gracias al alto potencial de generación de energía renovable que otorga la geografía de nuestro país y en el marco del compromiso para frenar el cambio climático y propiciar un desarrollo sostenible, el gobierno desarrolló una Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que apunta a que Chile sea uno de los principales productores y exportadores de este combustible.

La producción de hidrógeno verde no solo permitiría el desarrollo de una economía sustentable, desplazando el consumo de combustibles fósiles, sino que también potenciaría nuestra economía. En virtud de lo anterior, tal como lo indica la estrategia presentada por el gobierno, para fomentar su producción, es necesario establecer señales regulatorias claras, incentivos y normativas que promuevan su competitividad y desincentiven el uso de combustibles contaminantes.

Es aquí donde entran en discusión el uso de herramientas de carácter tributario que incentiven el consumo de energías limpias, como los impuestos verdes.

Este tipo de impuestos gravan las externalidades negativas producidas por un emisor contaminante, siguiendo el principio de responsabilidad. Es decir, "quien contamina paga". Así, con el fin de reducir su carga tributaria, el agente contaminante debe realizar mejoras en sus procesos productivos e innovar en tecnología que permita la utilización de energías menos contaminantes.

En Chile, a partir del año 2014, con la Ley N°20.780, contamos con tres tipos de impuestos verdes. El primero grava las emisiones de fuentes móviles -venta de automóviles nuevos de acuerdo con su rendimiento urbano y emisiones de óxido de nitrógeno- para incentivar el uso de vehículos menos contaminantes. El segundo grava fuentes fijas por las emisiones de contaminantes locales NOX, material particulado MP y dióxido de azufre SO2, que se calcula sobre tonelada contaminante, tomando en cuenta la cantidad de población y calidad de aire de la comuna. El tercero también grava a las fuentes fijas, pero que emiten dióxido de carbono CO2, principal contaminante, ascendiendo en este último caso el impuesto directo a US$ 5 por tonelada emitida.

Si bien la reforma tributaria del 2020 amplió la cobertura de los impuestos aplicables sobre fuentes fijas, siguen siendo insuficientes para lograr un cambio de conducta en la población y las empresas.

En este sentido, la OCDE y el FMI, en su informe sobre la evaluación de las exenciones tributarias del sistema tributario nacional entregado en octubre pasado al Ministerio de Hacienda, indican que el impuesto a las emisiones de CO2 (US$ 5 por tonelada) es totalmente ineficaz en la reducción de emisiones, y está muy por debajo de los US$ 75 por tonelada recomendados por el FMI para el 2030, para alcanzar el Acuerdo de París.

Por lo anterior, si realmente queremos posicionar a Chile como uno de los mayores productores mundiales de hidrógeno verde, será necesario revisar oportunamente nuestra normativa tributaria, de forma que genere un impacto real en direccionar las decisiones de consumo hacia energías limpias.