DF Tax | Corrupción, crisis del derecho y tributos

Antonio Faúndez

Hace pocos días la Contraloría General de la República dio a conocer la encuesta "¿Qué piensas de la corrupción en Chile?", entrevistando a más de 16 mil personas, de los cuales un 77% señaló que nuestro país es corrupto o muy corrupto; un 70% considera que Chile es mucho más corrupto que el 2019.

En los últimos años hemos sido testigos de casos de corrupción que generan un distanciamiento entre el derecho vigente y el ideal de derecho: el caso Penta, derivado de una arista tributaria por fraude al Fondo de Utilidades Tributables (FUT), con penas no privativas de libertad y con clases de ética para los condenados; caso Cascadas, en donde la Corte Suprema rebajó la multa de US$ 63 millones a US$ 3 millones; o, el reciente caso Corpesca, siendo condenados el exsenador Orpis y la exdiputada Isasi por delito de cohecho, pero absueltos por delitos tributarios. En fin.

Desde mediados del siglo XX ya se discutía sobre la "crisis del derecho", ilustrando Carnelutti (1951) que la crisis de pérdida de prestigio de la ley y de las autoridades de decisión emanan de la incapacidad del derecho, en cualquiera de sus formas, de asegurar, por sí solo, un pacífico desarrollo de la vida social. Como hemos visto, los actos de corrupción han generado un impacto social que puede derivar en que el mensaje del derecho sea mal recibido por los ciudadanos. Así, la percepción ciudadana que nos ha informado la Contraloría General de la República resulta preocupante frente a los impuestos si se considera que la corrupción es un factor que puede impactar en el aumento de evasión o elusión tributaria.

Si bien los autores están de acuerdo en la multiplicidad de factores que inciden en la motivación de los contribuyentes en el pago de sus impuestos (como la edad, sexo, nivel de educación, estado civil, estado de empleo o religiosidad), la corrupción es un factor clave a considerar frente al cumplimiento tributario. Torgler (2005) determinó un patrón común en Latinoamérica, esto es, que cuando las personas conocían o habían escuchado acerca de evasión fiscal, parecían tener una moral tributaria más baja que los demás. Por lo tanto, si los ciudadanos descuidan dichas responsabilidades éticas, pueden encontrarse en bancarrota moral rompiendo la confianza de los grupos de interés (Val et al., 2013), dando espacio a la corrupción y, de ello, a conductas que afectan el cumplimiento tributario.

Sin embargo, todos somos parte de una cultura jurídica que agrupa un conjunto de valores y actitudes relacionadas con el derecho (Squella, 1988) y, en tal sentido, como académico, también formo parte de aquella vereda responsable en formar nuevos profesionales en una línea de moral tributaria. Aquí hay otro problema. Los asesores tributarios también son responsables de esa cultura jurídica y si, como tales, seguimos sin comprender el fin de los tributos, seguiremos formando parte de esa pérdida de prestigio de la ley que hace ya casi 70 años nos advertían importantes juristas.

Como sociedad necesitamos un cambio de paradigma frente a la comprensión de los tributos, ¿podrá ser la nueva Constitución?