DF Constitucional | Plebiscito: nueva realidad, nuevas soluciones

Alejandro Fernández

Falta sólo un mes para que se inicie el período de campaña para el plebiscito previsto en octubre. Sin embargo, gran parte de la población se encuentra en cuarentena; y sabemos que, producto del estado de catástrofe, nuestros derechos y libertades seguirán restringidos hasta septiembre.

¿Es razonable, en estas condiciones, mantener el proceso tal como está?

Muchos políticos y académicos afirman que sí. Con más voluntarismo que sentido de realidad, señalan que sería perfectamente posible realizar una campaña en estas circunstancias. Sin embargo, este plebiscito es tan relevante desde todo punto de vista —después de todo, se trata de terminar un largo ciclo político—, que quizás valga la pena adecuar el proceso al nuevo contexto.

El acuerdo de noviembre y la posterior modificación a la Constitución lograban conciliar (con dificultades) el proceso constituyente con las otras numerosas elecciones, así como con el nuevo período presidencial y parlamentario. Además, más allá de las constantes manifestaciones, el proceso se comenzó a desarrollar sin un estado de excepción constitucional. Guste o no, la pandemia enredó los plazos y la coherencia general de los procesos electorales, además de dificultar la campaña.

¿Alguna de estas razones justifica abandonar el proceso constituyente? De ningún modo. Pero sí obligan a volver a pensar el proceso en su conjunto.

Puede ser, por ejemplo, una oportunidad para integrar a otros actores que, dada la urgencia de noviembre, no participaron del acuerdo: los alcaldes, el mundo social —que no se reduce a la mesa de unidad social—, colegios profesionales, centros de estudios, universidades, etc. En ese sentido, deberíamos aprovechar lo que está ocurriendo en la sociedad civil y articularlo mejor con el proceso. Hay proyectos valiosos que están generando diálogo e incluso propuestas, como el 3xi, Tenemos que hablar de Chile, o Voces para un Pacto, de nuestra fundación.

Guardando todas las diferencias del caso, podemos tomar como referencia la experiencia reciente del acuerdo de recuperación económica y protección al empleo, que mostró cómo miembros de la sociedad civil y universidades pueden colaborar allanando el camino para los posteriores acuerdos políticos.

Para los escépticos, les recordamos que el proceso está en la Constitución actual. Cualquier cambio requerirá siempre del acuerdo de ⅔ del Congreso. Eso es una buena garantía.