Desarrollo equitativo e infraestructura digital

Catalina Binder

Nuestra sociedad necesita reconciliarse, principalmente, a través de la disminución de la desigualdad y de la falta de oportunidades. En esa línea, puede ser interesante considerar la experiencia internacional, que ha demostrado que para el desarrollo con equidad, la infraestructura juega un papel fundamental.

A la infraestructura física -motor tradicional del desarrollo- hay que agregar, muy especialmente durante los últimos años, la infraestructura digital, que ha permitido dotar de servicios de calidad a zonas geográficamente aisladas y de difícil acceso, similares a aquellos disponibles para los habitantes de los mayores centros urbanos. Países como Finlandia que, al igual que el nuestro, tiene una geografía difícil- han logrado superar esta limitación dotando de conectividad de calidad a todos sus habitantes, sin importar su ubicación o condición.

En nuestro país, existe conciencia en todos los sectores que es imprescindible avanzar por este camino, en el cual ya se han dado algunos pasos iniciales. Los pilotos de conectividad digital en las localidades de Caleta Sierra, en la Región de Coquimbo, y de Sotomó, en la Región de Los Lagos, aunque siguen siendo casos aislados, demuestran el impacto positivo que producen en la vida de las personas una infraestructura digital de calidad.

En un Estado moderno y justo, estos beneficios deberían ser accesibles para todas las personas.

Esto es precisamente lo que ocurre en países como Estonia, donde su población, además de gozar de la garantía constitucional de acceso a internet, tiene un acceso real y en condiciones de igualdad a la red a través de sistemas digitales interoperables, que, entre otras cosas, los habilitan para hacer uso de todos los servicios del Estado (con la excepción de casarse y divorciarse).

La brecha digital que existe en nuestro país opera como un importante factor de desigualdad entre sus habitantes. Uno de los factores determinantes es el costo del servicio, sobre todo para los hogares de más bajos ingresos. En ese costo influyen el costo de la conectividad internacional y la baja cobertura y competencia de redes fijas de alta velocidad. Para las zonas con baja cobertura de este servicio, el acceso a la red se realiza principalmente a través de internet móvil, conexión que tiene límites de consumo, menores velocidades y mayores precios.

En el caso de la banda ancha móvil, de acuerdo a estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los chilenos nos beneficiamos de un costo de acceso muy por debajo del estándar de 5% reconocido internacionalmente como el umbral de asequibilidad. Ciertamente, nuestro país está entre los líderes de Latinoamérica, pero aún con espacio para avanzar hacia niveles de costo de naciones desarrolladas como Japón, Francia o Italia.

En consecuencia, el desarrollo de infraestructura digital debería ser objeto de una decidida política pública a nivel nacional. Dado los altos costos que esto implica, parece pensar razonable en un modelo de asociación pública privada, tal como lo han hecho economías como Uruguay, Singapur, Nueva Zelanda y Colombia. Una infraestructura digital moderna y eficiente para todo el territorio de nuestro país no es solo una exigencia del siglo XXI y de la integración de Chile al mundo, sino que también una herramienta sólida y eficaz que permitiría un modelo de desarrollo para un Chile más democrático, justa y transparente.