Delitos económicos y compliance corporativo

MAURICIO VILLENA

Una empresa produce bienes y/o servicios, y es propiedad y es dirigida por personas o grupos de personas, estando motivada por el deseo de obtener beneficios económicos. Es por tanto lógico que, si se quiere reducir los delitos corporativos (white-collar crimes), cometidos por individuos en beneficio de la organización que los emplea, se aumenten las exigencias no solo sobre las empresas (personas jurídicas), sino que también sobre las personas naturales que conducen y trabajan en ellas. Es lo que busca la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales, próxima a entrar en vigor: prevenir la comisión de delitos económicos con mayores exigencias a las personas jurídicas y sus sistemas de cumplimiento interno, así como a los directivos y gerentes de las empresas.

Esta ley instaura categorías de delitos económicos, presentando un estatuto diferenciado de penas, un sistema especial de determinación y de sustitución de las mismas y uno de determinación y cuantía de la multa y de inhabilitaciones especiales. Se actualizan también algunos delitos, se crean otros y se agrega regulación sobre el comiso de ganancias. La ley pone énfasis en que cuando el delito tenga una pena teórica de presidio o reclusión sea mucho más probable que deba cumplirse efectivamente con privación de libertad. Esta legislación endurece de facto la comisión de delitos económicos, yendo más allá de sanciones pecuniarias, que pueden alcanzar hasta $ 19 mil millones para una persona natural, pudiendo implicar la cárcel efectiva para directivos y gerentes.

La nueva legislación cambia los incentivos para el comportamiento delictual en el mundo corporativo, aumenta las sanciones y eleva los costos esperados de cometer delitos.

La legislación cambia los incentivos para el comportamiento delictivo en el mundo corporativo en Chile. Según el enfoque económico, los criminales son racionales y cometen delitos solo si las ganancias netas esperadas superan las de no delinquir. La ley aumenta significativamente las sanciones para los delitos económicos, lo que eleva los costos esperados de cometer estos delitos. Aunque la probabilidad de aprehensión y condena se mantenga constante, el aumento en el tamaño del castigo reduce los incentivos para cometer delitos económicos, alineándose con el objetivo de prevenirlos.

Dado esto, es clave que las empresas actualicen sus programas de cumplimiento corporativo. Estos previenen, identifican y sancionan infracciones legales y promueven una cultura de responsabilidad ética en la organización. Se trata no solo de una obligación legal, sino que también de una estrategia que protege contra riesgos legales, mejora la reputación y genera confianza entre clientes, inversores y empleados.

En un mundo interconectado, las consecuencias del incumplimiento pueden ser graves, por lo que un programa sólido de cumplimiento es esencial para un éxito sostenible. El cumplimiento tiene un impacto social significativo al asegurar que las empresas actúen de manera ética y responsable, contribuyendo a la estabilidad de los mercados, previniendo el fraude y la corrupción: el compliance finalmente vincula los intereses privados de las empresas con el bien público.