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Alto contrasteDefendiendo la naturaleza del cooperativismo
Raúl Novoa: Hemos visto con interés el despliegue de propuestas del...
Hemos visto con interés el despliegue de propuestas del gobierno, las que han sido objeto de numerosas intervenciones. Algunas de éstas, en discusión en el Parlamento. Una de ellas es la reforma tributaria, donde el sector cooperativo ha hecho valer su voz. En nuestra defensa, creemos que podría verse seriamente afectado con algunas disposiciones que no reconocen la calidad, y que van en detrimento de sus socios, de los cuales la mayoría proviene de sectores vulnerables y son atendidos por estas organizaciones en su calidad de dueños.
La reforma tributaria apunta a la equidad y la educación, que el cooperativismo valora positivamente. Sin embargo, como ciudadanos, nos cabe la posibilidad de plantear visiones distintas que son conducentes a mejorar o corregir dichas iniciativas. El cooperativismo chileno es un sector maduro, que da empleo y que promueve el financiamiento razonable de sus socios. Recibe y procesa la producción de lácteos y jugos de fruta, electrifica sectores rurales, produce soluciones habitacionales, mejora la calidad y condición de vida de sus asociados que son dueños de las cooperativas y que, como tales, reciben los beneficios de la actividad y disfrutan de los excedentes que ella deja, en proporción a sus operaciones.
Nuestro sector cooperativo se ha sumado a las propuestas para un Chile mejor, más inclusivo y con más oportunidades. Entre dichas propuestas, recordamos aquella que reclama para el sector la posibilidad de que las pequeñas y medianas cooperativas puedan organizarse en forma simple y directa como se permite para las sociedades que están facultadas para crearse jurídicamente, según la ley llamada de las “sociedades en 24 horas”.
Otra propuesta, es la eventual creación de una AFP del Estado. Al respecto, dado el aporte del régimen cooperativo al PIB y el tipo de fiscalización al que estamos sometidos, nada justifica que las leyes excluyan las de giros como el bancario, los seguros, las AFP, reservados sólo a las sociedades anónimas. Bajo este punto de vista, ¿por qué no considerar que la ley se abra, permitiendo la organización de una AFP cooperativa, y de propiedad de sus asociados? Ella sería fiscalizada por el Departamento de Cooperativas y por la Superintendencia del ramo, pero contaría además con los organismos internos de control que la propia ley de cooperativas obliga. ¿No sería esta una posibilidad para introducir mayor competencia? Es hora de que se otorgue al movimiento cooperativo la posibilidad de entrar en otras actividades, hoy injustificadamente vedadas, y replicar lo que ocurre en países desarrollados, en que el cooperativismo actúa en los más diversos sectores de la economía, como lo prueba exitosamente la experiencia internacional.
