Cuidado: Desmantelando la Justicia

Macarena Letelier Velasco

“La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”. Esta célebre frase del jurista venezolano Simón Bolívar nos da luces de las alertas que despertaron las normas aprobadas por la Convención Constitucional, en especial las que están en discusión en materia de justicia.

Para la entrega de justicia, la ley no siempre alcanza. Está ahí donde el recurso del juez que falla en equidad, que piensa en el bien mayor, que aplica ya una mirada de género, que es imparcial, es crucial para la paz social. Esto sin ignorar los cambios que se requieren, algunos incluso incorporados, como la tecnología, la separación de la función jurisdiccional de la administrativa, la revisión de ciertas instituciones (abogados integrantes), los mecanismos alternativos y, en general, el robustecimiento del acceso a la justicia.

Pero lo que observamos hoy en la Convención es un intento de desmantelar la administración de justicia y sus órganos, junto con el desconocimiento de los principios básicos que la sostienen. Una demolición del edificio que la acoge en su sentido figurativo y de los orígenes de su razón de ser. Lejos de clamar con una mirada ideológica al respecto, relevamos la importancia de esta virtud como pilar de la democracia y como seguro para quienes en su individualidad recurren al colectivo frente a un conflicto.

Así es como conflictos de familia, el resguardo de bienes jurídicos protegidos y derechos fundamentales, la aplicación de penas privativas de libertad, la construcción de certezas para el desarrollo e inversión nacional y extranjera, el resguardo del individuo ante el Estado cuando le afectan actos u omisiones administrativas ilegales o arbitrarias, son situaciones donde la vida de las personas pueden tomar un camino u otro dependiendo del rol que cumpla quien está llamado a resolver el caso e impartir justicia.

La alerta no es sólo ante un cambio semántico entre Poder Judicial y sistemas de justicia. Tiene que ver con un cambio de fondo en la importancia que se le da a la inamovilidad de los jueces y al rol de la Corte Suprema; a ideas como establecer una Comisión Evaluadora que revise el desempeño de los ministros de la Corte de Apelaciones y Suprema, y que pueda cesarlos de sus cargos según su desempeño en materias como mérito, probidad y defensa de los Derechos Humanos. Abiertas siguen otras interrogantes como la continuidad o no de ciertos tribunales especiales, como el de la libre competencia, e incluso la existencia de sistemas paralelos de justicia o de la aplicación diferenciada, sin mayor explicación, de penas aflictivas.

Desconocer lo que ha realizado el Poder Judicial en materia de género, de paridad y de administración, instalando la necesidad de refundar todo, es reflejo de la falta de reflexión y fundamento de las normas aprobadas. Lo mismo sería negar que no se requiera cambio alguno. Sin embargo, lo planteado hasta ahora pone la mirada en lo poco razonable, en la falta de acuerdos, incluso en una vulneración al límite que debe contener el nuevo texto constitucional al tener que mantener a Chile como una república, que por definición tiene tres poderes del Estado, con los pesos y contrapesos correspondientes.