Probidad en Chile: ¿Astilla o viga en nuestro ojo?

Cristián Saieh

Existe conflicto de interés cuando en el ejercicio de funciones en una organización una persona actúa contraponiendo el interés institucional por sobre el personal. El caso Dávalos es un ejemplo, ya que los principios institucionales de la organización a la cual pertenecía son el fin de la desigualdad, la discriminación y la eliminación de privilegios, todos cuestionados por la operación bancaria que conocemos.

Pero a este caso se suman otros: Cascadas, Penta, Polar, etc., que suponen además de conflictos de interés, acciones reprochables como uso de información privilegiada, abuso de poder, cohecho, y otros ilícitos. Dado que éstos se dan en el ámbito de negociaciones entre particulares o de éstos con funcionarios, veamos que nos dice la Teoría de la Negociación.

Negociar es comunicarse con el fin de obtener un resultado que satisfaga los intereses de ambas partes intentando mantener o no perjudicar las relaciones. Las investigaciones dicen que los desbalances de poder son complejos de superar en las negociaciones y llevan a las personas a cometer ilícitos para balancearlo. De esa manera, los mercados y la política funcionan imperfectamente ya que solo algunos sacan provecho de esas fallas en desmedro de los que no tienen acceso al poder. Así se acrecientan las desigualdades y se hace más amplia la brecha entre "ricos y pobres".

El problema radica en determinar qué acciones son correctas y ayudan al perfeccionamiento de los mercados y la institucionalidad y cuáles no. Reflexionar sobre las siguientes preguntas puede ayudar.

Para calificar la corrección de una acción es necesario saltar las siguientes vallas. La primera es mirarse al espejo. Muchas personas se miran y siguen actuando como si nada. La segunda es preguntarse qué diría mi familia o amigos cercanos si supieran.

Tampoco son incontables los que se congojan pensando en esto. La siguiente es pensar que la acción que desarrollaremos será titular de un importante periódico. Aún hay personas que superan este difícil obstáculo. Por último, reflexionar sobre el costo social que significaría que todos hicieran lo mismo, que a muchos los tiene sin cuidado. Precisamente esta es la valla que ya se está saltando en Chile con demasiada facilidad.

Como sociedad nos encontramos en un punto de inflexión. O seguimos creyendo que los casos de abusos y corrupción en Chile son aislados o entendemos que son fenómenos ilícitos recurrentes que se multiplican en el quehacer político, empresarial y social.

Seguramente las preguntas propuestas no son traspasables a políticas públicas que fomenten la rectitud e integridad. Pero sus principios podrían ser bases de un acuerdo social transversal sobre probidad, indispensable para nuestro desarrollo sustentable.

Acostumbramos a criticar con sarcasmo a Argentina y Venezuela en que prácticas cuestionables son recurrentes; en ellos vemos más una viga que una astilla en sus ojos. Probablemente es fácil detectarla y más cómodo aún ignorar que nuestra astilla crece aceleradamente a tal punto que toma forma de una viga que nos conduce a la ceguera.