¿Yo acuso?

Constanza Hube

Hemos estado presenciando un complejo escenario político e institucional estas últimas semanas.

Por una parte, hemos sido testigos de una grave tensión que existe entre el Partido Socialista y el Gobierno, a partir de las denuncias cruzadas que han presentado partidos oficialistas y de oposición por las acusaciones de posibles vínculos entre la política y el narcotráfico. Otro punto que ha “destacado” es el anuncio de partidos de oposición sobre una eventual acusación constitucional contra la ministra de Educación por argumentos que aún no se conocen, y cuyo plazo de presentación se ha ido postergando por varias semanas.

¿Qué tienen en común ambas situaciones? Que, lamentablemente, las razonables y sanas diferencias que existen en el juego político se están trasladando desde el campo político a la cancha jurídica y judicial.

Una reflexión en este contexto. Si bien es importante esperar los resultados de las diligencias que realizará (probablemente) la Fiscalía frente a las denuncias mencionadas, es preocupante que desde hace un tiempo ciertos conflictos políticos no se estén discutiendo o resolviendo en ese ámbito. La responsabilidad, en este sentido, es la clave para tener una discusión política de calidad y acorde a lo que las respectivas investiduras exigen. Caer en la tentación de instrumentalizar acciones judiciales para “respaldar” puntos políticos puede terminar siendo muy riesgoso para la institucionalidad en su conjunto. Recordado es el caso de una diputada que presentó una querella contra un conductor radial, que no sólo fue desestimada porque no se rindieron pruebas, sino que además se obligó a la diputada a pagar los costos del juicio.

En lo que respecta a la acusación constitucional, si bien esta es una atribución que la Constitución entrega a los parlamentarios para hacer efectiva la responsabilidad de una serie de autoridades (ministros de Estado, ministros de los tribunales superiores de justicia, entre otras), cabe recordar que el juicio político tiene un carácter especial, distinto a las demás herramientas de fiscalización política (como las comisiones investigadoras, por ejemplo). Esto, ya que se exige una base jurídica y no sólo política, lo que supone demostrar que la autoridad en cuestión ha incurrido en causales taxativamente dispuestas en la Constitución, como sería, por ejemplo, haber infringido la Carta Fundamental y las leyes.

Es una muy mala señal para el sistema institucional que, por ejemplo, un conglomerado político condicione su apoyo a la acusación a que exista una “articulación” de toda la oposición en torno a un proyecto político común. Si bien es necesario conocer el texto de la acusación antes de emitir una opinión más certera, la antesala no es alentadora, ya que pareciera que el punto central no está enfocado en una eventual infracción constitucional, sino que más bien en una suerte de ensañamiento político, que daña la institucionalidad en su conjunto.