VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteAccountability, una obligación que pasa de largo
CONSTANZA HUBE Abogada y profesora UC
Constanza Hube
Un buen amigo, que formó parte de los Gobiernos de la Concertación, me contó que los ministros siempre llevaban consigo una carta de renuncia. Sabían que, como funcionarios de confianza del Presidente, eran los primeros en asumir la responsabilidad en tiempos de crisis. Era un código no escrito: enfrentar los errores con integridad, asumir las dificultades y sus consecuencias. Hoy, en cambio, esas cartas parecen estar guardadas bajo siete llaves.
El principio de la rendición de cuentas es claro: quien ocupa un cargo público debe estar dispuesto a dar explicaciones claras, sin evasivas ni victimismos, y sobre todo, a asumir las consecuencias de sus actos. Sin embargo, lo que estamos presenciando es todo lo contrario. Pareciera que las autoridades sienten que son dueños de sus cargos.
“Cuando los errores no se asumen y las consecuencias se eluden, se debilita la democracia. Hoy, observamos un Gobierno que evade la responsabilidad”.
En el último trimestre de 2024, las listas de espera en el sistema de salud aumentaron un alarmante 12% respecto al año anterior. ¿Y qué hace la ministra de Salud? Nada. Permanece en su puesto, como si la crisis no existiera. El caso Convenios es otro ejemplo de esta falta de responsabilidad. Se reveló que el jefe de asesores del segundo piso se reunió con la diputada Pérez antes de que estallara el escándalo de Democracia Viva. ¿Y qué sucedió? El responsable sigue en su puesto, y la ministra del Interior continúa como si nada hubiera pasado. Es como si los funcionarios de este Gobierno estuvieran blindados por un sistema que no les exige rendir cuentas.
La directora de Presupuestos y el ministro de Hacienda se equivocan en la estimación de ingresos de la Nación, ¿y pasa algo? Nada.
Lo mismo ocurre con el caso de la compra de la casa del exPresidente Allende, donde la ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende deberán declarar ante la Fiscalía como imputadas. Se trata de una clara vulneración de la Constitución, lo que motiva la cesación de sus cargos. Sin embargo, mientras la senadora espera la decisión del Tribunal Constitucional, la ministra sigue en su puesto, sin asumir ninguna consecuencia.
¿Quién ha renunciado ante estos escándalos? ¿Quién ha asumido responsabilidad por los errores cometidos? La respuesta es simple: nadie. La estrategia del Gobierno parece ser pasar de largo, minimizar los hechos y ofrecer sacrificios simbólicos, como la salida de la ministra de Bienes Nacionales. Pero no se trata solo de casos aislados, sino de un patrón de conductas que no solo elude la rendición de cuentas, sino que la desprecia abiertamente.
Cuando los errores no se asumen y las consecuencias se eluden, se debilita la democracia. Y lo que estamos observando hoy es un Gobierno que prefiere pasar de largo, que no reconoce sus fallas y evade la responsabilidad. La rendición de cuentas no es negociable. Es un principio fundamental de cualquier sistema democrático. Sin ella, no hay confianza pública ni institucional.
Hoy, parece que la responsabilidad ha sido sacrificada en favor de la impunidad. ¿Hasta cuándo vamos a permitirlo?
