Claves para la equidad en la ley de sala cuna universal

TRINIDAD TORRETTI

La participación de las mujeres en el mercado laboral chileno es un desafío persistente. Más del 70% de las mujeres se dedican a labores domésticas y al cuidado de los niños, lo que les impide acceder al empleo formal y restringe sus oportunidades de trabajo. El proyecto de ley de sala cuna universal es crucial para mejorar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Sin embargo, su implementación ha generado un intenso debate.

Hoy, solo las empresas con 20 o más trabajadoras están obligadas a proporcionar sala cuna, lo que desincentiva la contratación de mujeres. El proyecto eliminaría esta restricción, extendiendo el derecho a sala cuna a todas las madres trabajadoras, sin importar el tamaño de la empresa. Y también promovería la corresponsabilidad en el cuidado infantil, al permitir que tanto padres como madres trabajadoras accedan a este derecho.

“El proyecto es un avance notable hacia la equidad, pero excluye a 80 mil hijos de trabajadoras informales y del sector público”.

Un desafío clave del proyecto es su financiamiento. Se propone crear el Fondo de Sala Cuna, financiado por una cotización del 0,1% de las remuneraciones imponibles -de hombres y mujeres, del sector privado y de empresas públicas-, junto con la rentabilidad generada por la inversión de los recursos del fondo. Ello garantizaría el acceso a sala cuna, pero es criticable su impacto en las desigualdades socioeconómicas, al desalentar la contratación en las PYME por el aumento de costos.

La discusión no solo ha abordado el financiamiento, sino también a quiénes debería ir dirigido, tal como lo publicó DF en su nota del 10 de junio, al exponer el debate público sobre si debiese ir a jardines infantiles con fines de lucro o solo a los sin fin de lucro. Sin embargo, el foco debe estar, más bien, en alcanzar la universalidad y la calidad en el proyecto de la sala cuna. Discriminar entre financiamiento y subvención solo a jardines sin fines de lucro, es algo secundario.

Según algunos, el proyecto equipara el cuidado domiciliario con la educación parvularia, lo que desprofesionaliza esta carrera universitaria y desvaloriza la profesión docente para la primera infancia, perpetuando desigualdades sociales desde una edad temprana. Los defensores del proyecto, en tanto, sugieren que implementar un sistema mixto de cuidado infantil con estándares adecuados regularizaría trabajos informales y proporcionaría un entorno seguro y regulado para el cuidado de los niños, con un impacto positivo en la participación laboral femenina y en la economía nacional.

El proyecto es un avance notable hacia la equidad de oportunidades para las mujeres en el mundo laboral al eliminar barreras discriminatorias y promover la corresponsabilidad. Pero no incluye a todos los sectores informales y temporales del trabajo, lo que excluye a más de 80 mil menores hijos de trabajadoras informales y del sector público, así como a estudiantes y madres dueñas de casa. Esto limita la universalidad del proyecto y perpetúa las desigualdades. Es, también, fundamental abordar las preocupaciones legítimas sobre su financiamiento y, sobre todo, la calidad educativa involucrada y su acceso universal, dos pilares centrales.