Capacidad de ejecución

CATALINA BINDER

Chile tiene múltiples desafíos en materia de infraestructura y uno de ellos es que las instituciones públicas que cuentan con recursos destinados a llevar adelante las grandes obras que el país necesita, puedan ejecutar de manera eficiente ese presupuesto.

El “Reporte de infraestructura, ejecución de presupuestos 2006-2023”, entregado en julio de este año por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), analiza en detalle la materialización efectiva de inversión pública del Gobierno, realizada por los ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Interior, Educación y Salud. El análisis considera los subtítulos de la “Adquisición de activos no financieros”; “Iniciativas de inversión” y “Transferencias de capital”.

En los últimos cuatro períodos presupuestarios, la ejecución de inversión pública en infraestructura ha estado por debajo del 90% de la asignación de recursos.

Uno de los resultados más relevantes indica que durante las últimas cuatro administraciones han aumentado los recursos disponibles para la inversión de manera progresiva.

Sin embargo, el informe advierte que la capacidad de inversión de las agencias ejecutoras ha aumentado más lentamente que los montos asignados para tal efecto. En los últimos cuatro períodos presupuestarios, la ejecución ha estado por debajo del 90% de la asignación para inversión. En tanto, la ejecución anual de la Ley de Presupuestos -en los subtítulos mencionados- alcanzó en 2023 a un 83,7% y en 2022 a 89,3%.

De esta forma, uno de los desafíos importantes que tenemos es aumentar la capacidad de ejecución presupuestaria, tal como lo han planteado algunas autoridades. En esa línea, la ministra de Obras Públicas anunció en su último reporte al Congreso que, durante el primer semestre de este año 2024, se alcanzó un 41% de ejecución, récord para ese ministerio, que habitualmente había ejecutado gran parte de su presupuesto anual durante el segundo semestre de cada año.

Para estos efectos es esencial que las carteras mencionadas cuenten con la cantidad suficiente de profesionales idóneos para evaluar y definir proyectos de inversión. Vemos que unidades clave dentro del Estado tienen un número insuficiente de funcionarios, como es el caso de la Dirección General de Concesiones del MOP, que en su estructura tiene una cantidad similar de funcionarios a los que tenía en la década del año 2000, aun cuando es una entidad que debe analizar y definir proyectos de alto interés en los más diversos ámbitos, y por montos que superan varias veces los de la década de referencia.

La reactivación de la economía requiere que los sectores productivos cuenten con infraestructura logística y estratégica adecuada. Es urgente materializar los proyectos en áreas como la de recursos hídricos -donde se debe avanzar en una estrategia a nivel nacional-, y diseñar obras de pequeña, mediana y gran escala en las regiones. Asimismo, nuestras ciudades demandan inversiones para mejorar la calidad de vida de sus habitantes -viviendas, hospitales, escuelas y caminos- así como también para transformarse en espacios resilientes ante los riesgos que genera el cambio climático.

Resulta apremiante que el Estado aumente su capacidad de ejecución del presupuesto asociado a inversión, y permita así llevar adelante programas de infraestructura que resultan determinantes para el crecimiento de nuestra economía.