Cambios para el proyecto de estabilización

Rodrigo Castillo Murillo

Ante la amenaza de importantes alzas en el valor de la energía eléctrica por el aumento en el precio del dólar y otros factores, el 16 de mayo el gobierno ingresó a tramitación un proyecto que busca disminuirlas ante el agotamiento del mecanismo estabilizador aprobado a fines de 2019.

La autoridad propone un techo a dichas alzas: de solo IPC para clientes finales que consuman hasta 350kwh; de hasta 5% + IPC para consumos entre 350 y 500 kwh; y de 15 % + IPC para consumos sobre 500 kwh mensuales, en 2022. En 2023 los techos serían: 5 % + IPC para consumos de hasta 350 kwh; 10% + IPC para consumos entre 350 y 500 kwh; y sin techo para consumos sobre 500 Kwh mensuales.

“Vemos políticas públicas que por un lado incentivan con recursos públicos el uso de combustibles fósiles, y por otro desincentivan el uso de energías limpias”.

Para financiar los diferenciales entre las alzas reales que debieran producirse y los techos, se propone un fondo de estabilización financiado por los clientes en base a los siguientes criterios: consumo mensual de hasta 350 kWh sin pago adicional; entre 350 y 500 kWh 0,8 pesos por kWh; entre 500 y 1.000 kWh 1,8 pesos por kWh; entre 1.000 y 5.000 kWh 2,5 pesos por kWh; y superior a 5.000 kWh 2,8 pesos por kWh.

El 7 de junio fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero se eliminó parte importante de su contenido. Hoy está en el Senado y existen al menos 3 razones para corregirla a iniciativa.

Primero, la propuesta se basa en la idea de que los clientes, “deben salvarse entre ellos”. No hay aporte público ni subsidio. Si el Estado considera que se da una situación lo suficientemente grave que afecta las personas, es precisamente, cuando más se justifica su presencia.

Segundo, cuando el Ejecutivo determina quiénes deben aportar al fondo y quiénes beneficiarse, asume que quienes consumen más de 350 kwh son clientes de altos ingresos, y por eso consumen más energía. Este razonamiento me parece profundamente erróneo, pues nos encontramos con innumerables pymes. También la clase media que ha emigrado desde energías fósiles a la eléctrica, más barata y limpia.

Tercero, la propuesta es contradictoria con la idea de ser el “primer gobierno ecologista”, pues en paralelo, el Congreso aprobó el 8 de junio el incremento de recursos al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles en US$ 3.000 millones.

Así, vemos políticas públicas que por un lado incentivan con recursos públicos el uso de combustibles fósiles, y por otro desincentivan el uso de energías limpias e invitan a un “sálvense entre ustedes” y perjudican a la clase media y a las pymes.

Urgen políticas públicas coherentes con el discurso público y los desafíos que tenemos como sociedad, y urge un Estado más activo, precisamente, ahí donde existe total consenso en que su presencia es insustituible. El gobierno debe y puede corregir esta iniciativa mediante aporte público al Fondo propuesto y subsidios; permanente para la población de menores ingresos y, al menos temporal, a los demás clientes finales, ciudadanos igualmente afectados por precios de la energía, que van más allá de lo sostenible.