Cambio climático: el otro desafío de la permisología

Robert Currie, director de Estrategia Ambiental de Azerta

La reforma a la permisología es esencial para alcanzar nuestros objetivos de gestión ante el cambio climático. Los tiempos de tramitación actuales y las incertidumbres asociadas a la evaluación ambiental y entrega de permisos sectoriales ponen en riesgo dichos objetivos, ante la imposibilidad de aprobar e implementar proyectos críticos para la transición energética con la celeridad requerida.
Esto cobra particular relevancia si consideramos que los regulados han adelantado el proceso de cierre de sus termoeléctricas. Originalmente el horizonte para la descarbonización era al año 2040, pero, según datos del Coordinador Eléctrico Nacional, ya al 2026 se habrá desinstalado el 70% de la capacidad a carbón. Se requiere reemplazar estas fuentes contaminantes, pero surgen dudas sobre si podrá lograrse en los plazos requeridos. El 80% de las prórrogas que las compañías han solicitado a la Comisión Nacional de Energía para conectar nuevas instalaciones al sistema eléctrico están fundamentadas, precisamente, en la tardanza para obtener permisos.

La reforma del SEIA aún está en etapas preliminares de discusión. Es necesaria una velocidad de tramitación acorde con las necesidades y desafíos actuales.

La Ley Marco de Cambio Climático estableció una meta de carbono neutralidad, a más tardar, al año 2050, que demanda una inversión significativa en infraestructura energética. Al 2030 se estima que deberá, al menos, duplicarse la capacidad instalada de energías renovables no convencionales. Asimismo, en materia de costos, se requerirá un crecimiento de la infraestructura de transmisión y distribución que permita conducir la energía a los lugares de mayor demanda.
Las fuentes de generación eléctrica y la disminución de gases de efecto invernadero son solo una dimensión en el logro de las metas de mitigación del cambio climático. Hay otros ámbitos donde es necesario aumentar nuestra resiliencia y capacidad de adaptación, tarea en la que hoy también hay demoras para cumplir con los objetivos trazados.
Según datos de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), un proyecto de desalinización puede tardar casi 12 años en implementarse, lo que es particularmente grave en un contexto de escasez hídrica y fragilidad climática.
Los retrasos en la implementación de proyectos mineros también son relevantes en materia climática, por cuanto proveen insumos necesarios para la generación de energías limpias y la electromovilidad, por lo que avanzar en dicho ámbito es estratégico para el país.
En este contexto, el Gobierno está impulsando dos proyectos de ley en materia de reforma al SEIA y permisos sectoriales, que buscan reducir plazos y entregar certezas en la tramitación e implementación de proyectos. La iniciativa relativa a permisos ha avanzado con mayor celeridad, logrando la aprobación de importantes secciones. Sin embargo, la reforma del SEIA aún está en etapas preliminares de discusión, haciéndose necesaria una velocidad de tramitación acorde con las necesidades y desafíos actuales.
Mejorar la evaluación, fortalecer la tramitación sectorial, reducir los tiempos de tramitación, aumentar las capacidades en los organismos del Estado y crear mecanismos más sencillos y ágiles de tramitación son indispensables para cumplir los objetivos trazados por la Ley Marco de Cambio Climático.
La evaluación ambiental y entrega de permisos sectoriales para proyectos de inversión es necesaria para proteger diversos bienes jurídicos. Sin embargo, deben realizarse de una manera más expedita, lo que contribuirá no solo a incrementar la inversión y mejorar la competitividad, sino también a disminuir a la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, aumentar la resiliencia y cumplir nuestros compromisos internacionales.