Búsqueda de acuerdo en pensiones: claves a mirar

SERGIO LEHMANN

Existe absoluto consenso de que es urgente avanzar en una reforma de pensiones, reconociendo además que al menos en algunos aspectos relevantes se tiene una mirada común. Entre ellos, la necesidad de elevar la tasa de cotización en 6%, de forma de alcanzar estándares de contribución equivalentes al de países desarrollados. Esto llevaría a que la mayor parte de los cotizantes logre tasas de reemplazo (monto de la pensión respecto a su ingreso como trabajador) en torno al 60%, elevando su calidad vida al momento de jubilar. Este objetivo se habría logrado para los segmentos de bajos ingresos, dado el efecto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que cubre al 90% de los trabajadores. La propuesta, además, de una AFP estatal, bajo las mismas reglas de las actuales administradoras, no sería tampoco una fuente de divergencia. Las principales fricciones entre el Gobierno y la oposición están en la proporción que iría a un fondo individual/colectivo de la cotización adicional, la separación de la industria entre la gestión de las inversiones y administración del sistema y la licitación en la gestión de fondos de los actuales cotizantes, de forma de introducir mayor competencia.

“Aumentar la PGU es una medida razonable, por su impacto en el segmento más vulnerable. Sin embargo, se debe abordar el incentivo perverso que genera para que las personas se muevan a la informalidad laboral”.

Frente a estas diferencias, es importante analizar los fundamentos técnicos que hay detrás. Respecto al fondo colectivo, se debe tener meridianamente claro que mientras mayor sea la fracción de la cotización que se le destine, más alto es el impacto negativo en el empleo. Actúa como una suerte de impuesto al trabajo, llevando a que las empresas favorezcan la inversión en capital sobre la mano de obra para sostener su producción, lo que estructuralmente conduce a mayores tasas de desempleo.

En relación con la separación de la industria, la conclusión del comité de expertos que revisó la propuesta es que no se obtienen ganancias relevantes y que el riesgo operacional es muy elevado. Caso cerrado: bajo ninguna circunstancia se debe optar por esta posibilidad. En referencia a la licitación en la administración de fondos de pensiones vigentes se debe ser cuidadoso. El traspaso desde una administradora a otra de activos poco líquidos, como son los activos alternativos, sería complejo y costoso. Esto llevaría a que los fondos se concentren en activos líquidos, sacrificando el retorno de las inversiones y la calidad de las pensiones. Para limitar los traspasos se debiera exigir el consentimiento del afiliado, lo que además resolvería potenciales vicios de constitucionalidad en la propuesta. La experiencia internacional apunta en esa dirección.

Aumentar la PGU es una medida razonable, por su impacto en el segmento más vulnerable. Sin embargo, se debe abordar el incentivo perverso que genera para que las personas se muevan a la informalidad laboral. Habría que exigir, de forma de acceder al beneficio extra que se contempla entregar, un período mínimo de cotizaciones. Bien sabemos los costos de la informalidad.

El libro sobre negociación de Chris Voss, “Never Split the Difference”, ha alcanzado alta popularidad. Voss es un exagente negociador del FBI que recaba según su experiencia, con recetas simples, la forma óptima de negociar. En muchos casos se trataba de la vida de rehenes en manos de peligrosos asesinos. El título del libro lo dice todo. A modo de conclusión, en lo fundamental, si queremos llegar a un resultado adecuado, fundado en criterios técnicos, es importante contener la ansiedad y reconocer que alcanzar un mal acuerdo es casi siempre un error.