Tareas pendientes para el próximo gobierno

Andrés Sanfuentes

La elección presidencial podría haber generado el necesario debate sobre el futuro de Chile, pero diversas circunstancias lo han impedido, ya que la atención ha estado centrada en el pasado, en el recuerdo de los 40 años del golpe militar, a lo cual se ha agregado la proliferación de candidaturas presidenciales y la ventaja que parece llevar Michelle Bachelet en las preferencias de la ciudadanía, lo cual no favorece las exposiciones programáticas sino la competencia de ofertas.

En los últimos 10 años el país ha continuado progresando en muchos aspectos pero, al mismo tiempo, se han ido agravando una serie de problemas que no se han enfrentado, discutido y menos resuelto.

En el área económica social, el rasgo resaltante es el amplio cuestionamiento “al modelo”, lo cual refleja la necesidad de transformaciones profundas si se quiere preservar la economía de mercado en sus pilares básicos. Las críticas a los excesos de mercantilización de la vida social, al individualismo y a la ausencia de solidaridad en las relaciones colectivas, tienen sus símbolos en el ataque al “lucro” y el rechazo a los abusos sobre las personas, sean consumidores o asalariados.

Una de las reformas prioritarias que deberá realizar el próximo gobierno es la Modernización del Estado, para adecuarlo a los cambios que han ocurrido en el país y en el mundo. Entre los fracasos más notorios del gobierno de Piñera fue su intención de mejorar la gestión del aparato público, pero se observan ineficiencias cada vez más frecuentes y prolongadas en numerosos ámbitos, en especial en Salud y Educación. El último episodio del Registro Civil es un caso emblemático.

La rebeldía de las regiones ha ido en aumento ante los excesos del centralismo y la elección popular de los cores ha sido un débil sedante, ante demandas más integrales, que la elección ciudadana de los intendentes tampoco solucionaría.

Las tareas pendientes son abrumadoras, por lo cual el próximo gobierno tendrá que establecer prioridades e impedir que “la calle” o las movilizaciones las impongan. Se debe partir por enfrentar la desigualdad, para englobar en ese término las variadas manifestaciones en que se expresa. Las políticas sociales tienen un papel fundamental en atenuarla, en especial en salud y educación, en que los recursos deben canalizarse hacia la pre escolar y los minusválidos y no hacia la pretendida gratuidad universal de la educación superior, una propuesta regresiva.

La recuperación de los barrios es un elemento clave para fortalecer la solidaridad y la vida ciudadana.

Otra tarea pendiente es enfrentar los excesos de la creciente concentración productiva que caracteriza a Chile, íntimamente ligada a la desigualdad y los abusos. El caso “cascadas” se ha sumado a graves situaciones anteriores, generando desequilibrios en la relación empresarios-trabajadores y entre grandes y pequeñas empresas, lo cual hace necesaria una profunda revisión tanto de las políticas laborales, en que los avances durante el gobierno del Presidente Piñera han sido minúsculos, como en las políticas de fomento productivo.

La concentración productiva debería generar una revisión profunda de las normas anti monopolio. Tema evadido en la elección presidencial.

También se ha hecho una verónica a la política industrial, en que la etapa actual de crecimiento se caracteriza por la dependencia de las materias primas, en especial del cobre. Ya se olvidó el análisis de la segunda etapa exportadora, y la “enfermedad holandesa” no es una buena explicación frente a los escasos progresos.

La discusión de la reforma tributaria ha sido especialmente confusa, en circunstancias que es necesaria no solo para financiar los mayores gastos fiscales provocados por las políticas sociales. También es necesaria por motivos de equidad en los tributos, tanto vertical como horizontal.

Son muchos los temas. Por ejemplo, la crisis energética y del transporte, el medio ambiente y la despreocupación por la cultura.

Y no hay que olvidar que se requiere mantener la disciplina fiscal y el manejo macroeconómico.