Se agravan los conflictos de interés

Andrés Sanfuentes

Los conflictos de interés han tenido una presencia importante en el debate político, especialmente por la condonación de parte de los impuestos adeudados por la firma Johnson al Fisco.

A pesar que los trascendidos del informe de la Contraloría liberan de responsabilidad personal al director del servicio (lo cual generó el respaldo del Gobierno), no eximiría a algunos altos ejecutivos de la entidad fiscalizadora. La votación del informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados ha mantenido presentes las implicancias del asunto.

No es un hecho circunstancial. Durante el actual Gobierno, los conflictos de interés han estado presentes desde antes que el Ejecutivo asumiera y, lo más serio, se repiten con creciente frecuencia, reflejando que es un tema que requiere de la preocupación pública y la necesidad de establecer normas y procedimientos que permitan una enmienda. Si bien es cierto que no es una novedad y que la inserción del país en el mundo globalizado introduce aristas inevitables, se trata de poner atajo a una tendencia preocupante, porque Chile es un país con un escaso nivel de corrupción, de acuerdo con los indicadores internacionales, y este es un activo de enorme importancia para preservar la democracia, la paz social, el objetivo del desarrollo económico y el respeto externo.

Los conflictos se agudizaron con el tránsito descuidado que ocurrió en estos últimos años entre el sector privado y el público y viceversa, en que no hay claridad en las diferencias fundamentales que hay entre ambos, las obvias incompatibilidades que existen, especialmente en los niveles superiores de la Administración.

La necesidad de una regulación clara y estricta fue evadida sistemáticamente por los partidos de derecha en los gobiernos de la Concertación y los avances durante la actual Administración han sido demasiado tímidos y varias permanecen lánguidas en el Parlamento, sin otorgarles la necesaria urgencia. Mientras tanto, se suceden los conflictos de interés en amplios ámbitos de la administración del Estado, como los ocurridos en el último período en la Minería, el Deporte, las Obras Públicas, la Salud, la Agricultura, el Medio Ambiente, la Vivienda, la Tributación y la Educación, entre los más significativos.

La regulación estricta de los conflictos de interés se debiera complementar con el tratamiento de los otrora llamados “poderes fácticos” por el candidato Allamand, hoy olvidados y la necesaria claridad sobre el “lobby”, también postergado indebidamente.

En el centro del tema está la disociación generada en Chile entre lo legal y lo ético, que si bien son puntos de vista diferentes, debieran estar estrechamente unidos, para vivir en un ambiente de armonía y ausencia de conflictos que afectan a la equidad. Los cambios generados en la estructura económica y social en los últimos decenios han llevado a una creciente discrepancia entre ambos, lo cual obliga a adecuarse a la nueva realidad. No hay que olvidar la antigua sentencia que “la mujer de César no solo debe ser honesta sino también parecerlo”. 
La elusión tributaria es un área en que las discrepancias entre la legalidad y la ética caminan por senderos opuestos. El sistema tributario debe tener el principio de la equidad como un aspecto central.

Sin embargo, en Chile las personas de altos ingresos no son las que contribuyen en mayor proporción al financiamiento fiscal, gracias a la utilización de variadas martingalas que facilitan la elusión pero vulneran a la justicia.

El sistema de Educación Superior es otro ejemplo donde la diferencia entre lo legal y lo ético hiere a la estabilidad y la confianza pública, cuando se vulnera la prohibición del lucro en las universidades.

Los logros obtenidos por el país están sometidos a un creciente cuestionamiento, a consecuencia de la brutal concentración del poder, la desigualdad social y los abusos. Por eso deben enfrentarse con decisión los conflictos de interés. No debe olvidarse que también está en juego la honra de las autoridades públicas.