Para no disparar a la bandada

Andrés Sanfuentes

El nombramiento del tercer ministro de Educación del presidente Piñera refleja que no ha sido una actividad lucida. De inmediato el nuevo ministro Beyer se encontró con proyectos de ley en el Parlamento que requerirán de toda su destreza, entre ellos los que modifican los sistemas de créditos estudiantiles y el debatido “lucro” en la enseñanza. Esta última materia surgió de una iniciativa parlamentaria, que intenta prohibir el aporte de fondos fiscales a entidades que persigan utilidades, lo cual no es un tema del agrado del Ejecutivo, tanto así que Beyer lo calificó como un “disparo a la bandada”.



Sin embargo, el proyecto tiene el mérito de obligar al gobierno y a la oposición a discutir temas de fondo del sistema educacional y no materias coyunturales, como ocurrió en el debate del Presupuesto 2012.

La pregunta planteada, ¿las entidades dedicadas a la enseñanza deben tener como finalidad obtener utilidades?, no tiene una respuesta simple. Si se circunscribe a la Educación Superior (ES), hay que señalar que existe una clara contradicción, ya que participan institutos profesionales y centro de formación técnica (que la ley permite que tengan utilidades), junto a universidades (legalmente prohibidas); en este último caso varias instituciones vulneran al menos el espíritu de la norma, lo cual ha generado las legítimas críticas.

La heterogeneidad de la ES, en que conviven entidades con diferentes objetivos como las estatales, regionales, sociales, religiosas y gremiales hasta las básicamente mercantiles hace muy difícil la segmentación.

Al mismo tiempo, existen instituciones denominadas complejas o de excelencia, que hacen un aporte a la Ciencia y la Tecnología (CyT) -las menos- hasta las puramente docentes, pasando por una amplia gama de situaciones intermedias.

La discusión pública ha tomado un carácter belicosamente doctrinaria, llegando a sostenerse que solamente el “lucro” asegura la calidad de la enseñanza, mientras, por otra parte, que el espíritu de ganancias favorece a los propietarios pero no a la sociedad.

Planteamientos tan simples ante temas de por sí complejos no llevan a buen puerto. Es probable que se deba partir desde una base diferente, no por las instituciones beneficiadas, sino por las razones que generan los subsidios estatales.

Los subsidios a la ES tienen una causa fundamental: el sistema de mercado que rige en Chile tiene serias fallas en el sector educacional y, por lo tanto, el Estado debe intentar corregirlas mediante transferencias.

El primer caso son las ayudas estudiantiles (becas y créditos subsidiados), en cuyo caso los beneficiados son los estudiantes, muchos carentes de recursos para financiar los aranceles cobrados por los planteles. Entonces quien obtiene una ayuda tiene el derecho de usarla en la entidad que lo acepte, siempre que ésta sea acreditada y cumpla con las regulaciones estatales, tenga o no utilidades.

Otra situación son los subsidios estatales destinados al fomento. Los más importantes están dirigidos a la CyT y a los postgrados, ligados a los primeros. En la actualidad, el aporte en este campo está concentrado en las universidades del Consejo de Rectores y probablemente seguirá así en el futuro, pues tienen la excelencia académica, con pocas excepciones. Los fondos concursables de largo plazo que se creen en el tiempo, nacionales o regionales, tendrían destinos similares.

Lo mismo ocurre con otras actividades, como el desarrollo de las Bellas Artes y la Cultura.

Por lo tanto, se hace necesario avanzar evitando transformar en puramente doctrinario un asunto de política pública que requiere ser desagregado, de manea que en vez de “disparar a la bandada” permita separar a las palomas de los peucos y los cóndores.

Es claro que el “lucro” se transformó en un símbolo de los abusos existentes en la sociedad chilena, a familias abrumadas por instituciones de la ES a través de créditos excesivos y aranceles que no responden a la calidad ofrecida ni a las expectativas de remuneraciones futuras.