El tema es la desigualdad, más que la pobreza

Andrés Sanfuentes

En los últimos meses ha aumentado el consenso que en el campo económico social el problema central que enfrenta Chile es la extrema desigualdad que existe en el país.



Los informes de las entidades internacionales especializadas resaltan que las diferencias constituyen la principal traba para alcanzar el desarrollo a pesar que destacan los grandes avances realizados por el país en reducción de la pobreza.

El objetivo de reducir aún más la pobreza está dando su lugar a la necesidad de atenuar la concentración existente en sus múltiples expresiones. La Concertación no lo supo apreciar a tiempo y fue una de las razones de su derrota electoral en 2009.

El gobierno de Piñera tampoco ha cambiado el foco de la atención e insiste en centrarse en la disminución de la pobreza extrema, como lo refleja su iniciativa estrella: el ingreso ético familiar. El Mensaje del 21 de mayo no alude al tema de la desigualdad y menos a la concentración productiva, pariente muy cercana de la primera.

Al focalizar el gasto social en los más pobres se logró acercar las rentas de los quintiles extremos, pero se está llegando a un límite en que es difícil seguir avanzando.

Se observa con más nitidez que la desigualdad es un fenómeno que afecta a capas más amplias que las previstas hasta ahora. Llega a extensos segmentos de la amplia clase media, que vive en condiciones de notoria vulnerabilidad, con el riesgo de perder su precario nivel de vida, ante cualquier inconveniente familiar, ya sea por enfermedad, cesantía, obsolescencia laboral o los efectos de un desastre natural. El mejor ejemplo es la masificación de la educación superior, que actualmente beneficia a más de 1 millón de estudiantes, pero que no ha obtenido una respuesta a cómo financiar su costo, para quienes no tienen acceso a las ayudas estudiantiles que se entregan con una discriminación sin justificación. Las crecientes manifestaciones de las últimas semanas tienen un claro origen en esta injusticia. De ahí sus demandas por derechos universales mínimos, de tipo “Plan AUGE”.

La desigualdad tiene múltiples expresiones, en que la mala distribución del ingreso es la más conocida. Pero también se refleja en la precaria igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad, a un empleo estable, a una salud oportuna, a una vivienda en un barrio seguro, a una pensión digna y al respeto a los derechos de la mujer.

Chile es un país donde existe una discriminación marcada en el acceso al poder, la influencia en la vida social, la posibilidad para acceder e incorporarse a redes que permiten la integración a “los que mandan”. Abunda el racismo y el abuso.

Proponer políticas para reducir la desigualdad es un asunto complejo, porque se debe actuar sobre muchos campos y, lo más complejo, generar cambios culturales, que se agregan a propuestas que obligan a gastos públicos considerables, si se desea tener efectos sociales significativos, incluyendo el fomento de la pequeña empresa, el segmento olvidado en el sector productivo. La lista es extensa y abarca numerosas políticas públicas de difícil implementación. Por aquí habría que partir, después viene el financiamiento.

Para atenuar la desigualdad y la injusticia se requiere una profunda reforma tributaria, ya que impera la injusticia tanto vertical como horizontal. Partir por reducir la evasión, en que aún queda camino por recorrer pero, lo más importante es disminuir la elusión, que destruye la equidad del sistema de impuestos del país; el Ministerio de Hacienda ha estimado que el llamado “gasto tributario”, que la mide aproximadamente, equivale a alrededor del 4% del PIB.

La desigualdad y la injusticia son elementos que ayudan a explicar las manifestaciones populares de los últimos meses y las críticas al “modelo”.

La evidencia histórica señala que el crecimiento económico no asegura una mejor distribución del ingreso y además, que sin una mayor igualdad no es posible lograr el desarrollo económico y social.