Atrasos en las políticas laborales: la capacitación

Andrés Sanfuentes

Uno de los temas con menos avances durante el gobierno de Piñera es el laboral y, dentro de esta área, la capacitación. Con modificaciones menores, la base central del actual sistema data de 1976, con el establecimiento de la franquicia tributaria, el elemento más importante de la política, junto con la creación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

La formación de trabajadores calificados es esencial para el crecimiento económico, a la cual deben contribuir la educación formal, en especial, la educación técnica y profesional (otro de los atrasos del país) y la educación continua a través de la vida laboral.

La capacitación del trabajo ha estado dirigida hacia la utilización de la franquicia tributaria, que permite a los empresarios destinar a esta actividad hasta el 1% de la planilla de remuneraciones del año. La intención de la iniciativa es que los trabajadores adquieran destrezas adicionales de carácter general, utilizables en empleos alternativos, de modo que mejoren su movilidad y oportunidades laborales.

Desafortunadamente, desde el momento en que los empleadores toman las decisiones de quiénes se pueden capacitar, el tipo de destrezas y la duración de la enseñanza, prevalecen sus intereses que no siempre coinciden con los del trabajador. El Informe Final de la Comisión Revisora del Sistema de Capacitación e Intermediación Laboral, de 2011, “recomienda el reemplazo de la franquicia tributaria porque este instrumento no cumple las condiciones necesarias para justificar la inversión de recursos públicos y porque sus fallas son lo suficientemente importantes para que se requiera una reforma, antes que simples ajustes de su actual funcionamiento”.

Los fundamentos de la afirmación son:
a) Las transferencias del Estado han favorecido preferentemente a las empresas grandes, que son las que menos necesitan estos recursos estatales.

b) La franquicia ha sido recibida principalmente por trabajadores con remuneraciones altas y con un nivel de competencias laborales relativamente desarrolladas.

c) No es claro que haya aumentado la productividad de las empresas.

d) Se ha concentrado en cursos de corta duración, de efectos limitados.

e) Los oferentes de capacitación han sido heterogéneos.

En la corrección de esta política debe establecerse que el sujeto del derecho es el trabajador, ya que a él está destinada la transferencia, y no a la empresa. Sin embargo, su decisión enfrenta el inconveniente que no tiene los conocimientos necesarios para adoptar una determinación eficiente, por lo cual debería establecerse algún mecanismo que vele por sus intereses y no los del empleador.

El otro elemento de la capacitación lo constituyen los programas de formación diseñados por el Estado, que disponen de escasos recursos en relación a la franquicia. Estos programas reflejan una excesiva dispersión, a través de iniciativas cambiantes en el tiempo y que apuntan en direcciones diferentes, sin la necesaria concentración, mostrando una acumulación de acciones que actúan por agregación, sin una evaluación coherente.

La insuficiencia de los recursos disponibles hace que deberían concentrarse preferentemente en el segmento de los jóvenes que no trabajan ni estudian y las mujeres jefas de hogar, que son los que presentan las mayores carencias. Otro sector que debiera tener prioridad son los microempresarios, sobre los cuales no se ha puesto suficiente atención. Se agrega a lo anterior las insuficiencias que muestra el Sence en su accionar, carente no solo de la atención que requiere, sino de los recursos humanos y financieros para mejorar su efectividad.

Las iniciativas de capacitación deben complementarse con otros aspectos de la política laboral que se iniciaron en el gobierno anterior, tales como la Bolsa Nacional de Empleo, la Certificación de Competencias Laborales, las Ferias Laborales y el reforzamiento de las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL).

En todo caso, es inexplicable el abandono del tema.