Agilizar las inversiones sin trampas burocráticas

CATALINA BINDER

El crecimiento de la economía es una condición indispensable para disminuir las brechas de desigualdad y elevar el nivel de bienestar de las personas y para lograrlo es necesario mantener altos niveles de inversión y aumentos sostenidos en productividad.

La productividad ha tenido un estancamiento en el país desde hace un par de décadas y la inversión ha disminuido su crecimiento desde 8,6% anual, entre 2000 y 2010, a 3,42% en la década posterior. Sin perjuicio ello, la inversión extranjera directa registró el monto más alto en 2022, desde 2014, tendencia que se mantuvo el año pasado.

Aunque el proyecto sobre permisología ofrece mejores certezas para las inversiones, también es clave que garantice una mayor transparencia, coordinación interinstitucional, simplificación de requisitos y plazos claros.

Bajo este prisma, existe consenso en que el sistema para obtener permisos sectoriales se ha transformado en un obstáculo crítico para la materialización de proyectos.

Hoy, cualquier inversión debe obtener más de 380 autorizaciones, emitidas por 37 servicios públicos, proceso caracterizado por la falta de coherencia regulatoria, duplicación y superposición de autorizaciones, evaluaciones excesivamente largas y plazos que no se cumplen, entre otros problemas. Tampoco existe una entidad responsable de aplicar una perspectiva sistémica, con visión de largo plazo, que avance hacia la mejora y actualización regulatoria de las autorizaciones.

Por ello, la ley que se tramita en el Congreso y que establece un nuevo marco para el otorgamiento de permisos sectoriales ha generado expectativas positivas, en cuanto a la agilización y simplificación de los procesos de obtención de los permisos que requieren los proyectos de inversión.

Esta ley tiene como objetivo principal reducir la burocracia y los tiempos de espera que enfrentan las empresas cuando quieren llevar adelante inversiones.

Una de las principales novedades es la creación de una “ventanilla única”, que permitirá a los solicitantes realizar los trámites para obtener autorizaciones directamente, por lo que ya no será necesario acudir a distintas instituciones. Además, se establecen plazos máximos para la resolución de las solicitudes, lo que permitirá a las empresas tener certeza sobre cuándo obtendrán una respuesta de la autoridad.

Este nuevo sistema también contempla la eliminación de trámites innecesarios y redundantes que solo complicaban el proceso y establece mecanismos de coordinación entre las distintas entidades y organismos encargados de otorgar los permisos sectoriales, con el objetivo de evitar duplicidades o conflictos en la tramitación de las solicitudes.

En resumen, el nuevo esquema en discusión representa un avance significativo en la simplificación de los procesos de obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas en el país.

El desafío que queda planteado a la autoridad es evitar la generación de trabas burocráticas, para lo cual parece fundamental garantizar la transparencia, la coordinación interinstitucional, la simplificación de requisitos y la fijación de plazos claros.

Con medidas como estas, se podrá lograr un sistema eficiente y ágil, que promueva la inversión e impulse la actividad económica y el emprendimiento en nuestro país.