Regionalización, ¿Quo vadis?
Señor Director:
Ha ingresado al Congreso el proyecto Ley de Financiamiento Regional (mensaje 059-371) con propuestas positivas (y de las otras) y, lo más complejo, una muy poco clara propuesta de aumento en el financiamiento regional.
Sacar la tutela establecida en el DL 1263 es un gran avance, si eso se traduce en que nunca más un ministro de Hacienda, vía decreto, pueda quitar recursos a las regiones, como ya ocurrió con la pandemia el año 2020; o el 2022 con recursos ya asignados del FAR; o lo que está ocurriendo este año con la provisión del 10% del FNDR.
También es positivo que se suba de categoría el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) el que deberá entregar, además de cifras y proyectos, las directrices, orientaciones y criterios para la inversión y gasto.
Lamentablemente, persisten los controles del Ministerio del Interior, por ejemplo, que “podrá requerir” una auditoría externa de la gestión del gobernador; o los que ejercería el Ministerio de Hacienda en la confección del presupuesto y en otras innecesarias “visaciones”.
Respecto del financiamiento, el proyecto no es capaz de responder algo bastante simple: ¿habrá más recursos para las regiones a partir de este proyecto?
Actualmente la suma de recursos que administran las regiones alcanza el 2% del presupuesto público y quizás con el royalty subirá al 2,2%. Lo que se propone en el proyecto de ley deja menos manejo a las regiones de lo que actualmente tienen los municipios con su ley de rentas; menos tutela que antes, cierto, pero no la borra; y no da ninguna esperanza de que tengamos recursos suficientes para un desarrollo fuerte de las regiones.
Esta propuesta no es una ley de rentas regionales y si queremos en serio regionalizar, se debe eliminar burocracia y establecer un potente FNDR anclado a un porcentaje relevante del presupuesto de la nación. Lo demás es seguir con exactamente el mismo tranco.
Jorge Condeza Neuber
Ingeniero Comercial (Concepción)