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Alto contrasteLey de usurpaciones: justos por pecadores
Señor Director:
Las indicaciones del gobierno a la ley de usurpación buscan, entre otras cosas, reemplazar la pena de presidio menor por un castigo pecuniario de 10 UTM cuando ésta se produce sin violencia, lo cual considero una señal muy equívoca para sus víctimas -incluido personas fallecidas- y, sobre todo, para el Estado de Derecho.
De ratificarse lo anterior, los castigos serían muy inferiores al potencial beneficio del crimen. Para ilustrar, la propuesta del gobierno puede ser incluso 50 veces inferior a la venta de un terreno tomado. Y es que lo anterior, junto a los problemas habitacionales y laborales que enfrentamos, ayudan a que se generen mercados negros que lucran con las necesidades de las familias más vulnerables.
Contrario a los dichos de la diputada Orsini (“la ley criminaliza la pobreza”) es necesario preguntarnos por el impacto general de la ley. En otras palabras, ¿es menester de una ley premiar la incapacidad del Estado en la materia? ¿nos parece que el trabajo de una vida valga menos que una multa cercana a los 600 mil pesos? La propuesta del gobierno parece decirnos que sí.
En estos problemas nunca ganan todos, pero claramente podemos saber quiénes pierden: las víctimas y el Estado de Derecho. En el contexto de una crisis de seguridad que requiere de señales políticas potentes, si se aprueban las indicaciones del gobierno creo que no habrá un mejor ejemplo moderno para hablar de como gente justa paga por los pecados de otros.
Ignacio Aravena
Investigador asociado, Fundación Piensa
