Señor Director:
Diversas aproximaciones se verifican por estos días en relación al proyecto de modificación tributaria presentado por el Ejecutivo. Entre ellas, hay quienes defienden el alza de impuestos por considerarla en si misma buena, sin detenerse a explicar cómo han alcanzado esta convicción y sin hacerse cargo del hecho -altamente presentado en los medios de comunicación- de que no existe claridad sobre cómo se utilizarán los recursos recaudados. Tampoco existe certidumbre si una eventual falta de estos no volverá a inspirar una nueva alza en los tributos.
Por otra parte, hay quienes rechazan el incremento de impuestos por considerarlo en esencia malo, y no responden cómo se financiarán reformas que objetivamente son demandas de la ciudadanía.
Como suele ser natural de los procesos políticos -entiéndase por éstos, la decisión de la polis respecto de cuánto impuesto se recaudará y cómo-, la verdad será un punto distante de dichos extremos. En este sentido, lo que deberíamos hacer como sociedad es confiar en los profesionales que hemos formado para que nos ayuden a llegar a consensos reales y fórmulas sustentables en el largo plazo. Por esto, para que las decisiones a tomar sean efectivas, es imprescindible alcanzar el consenso para así evitar que la próxima mayoría las anule, aduciendo que tiene el mandato popular para ello.
Atendiendo el largo trabajo que existe a nivel académico tanto en Chile como en centros académicos internacionales, deberíamos llevar esta discusión al plano de argumentos técnicos con sustento y evitar las frases al viento.
Rafael Romero Meza , Director Centro de Investigación Aplicada en Economía y Finanzas Universidad del Desarrollo
Señor Director:
Las nuevas decisiones políticas del gobierno de la presidenta Bachelet, respecto de mejorar la educación a partir de una reforma tributaria ad hoc, que busca de manera gradual atender todos los niveles del sistema de educación nacional, crean una oportunidad única en más de tres décadas, para pensarnos con un nuevo sistema de universidades públicas que acoja y ordene a las 16 universidades estatales existentes.
Las universidades estatales no pueden seguir sujetas a un sistema de autofinanciamiento y de competencia que incluso las ha conducido a posicionarse en zonas geográficas apartadas de sus propias casas matrices regionales. Se hace indispensable establecer parámetros nacionales de calidad académica y enfrentar un renovado ordenamiento jurídico, que las conduzca a un nuevo sistema estatal, en particular a las actuales 15 universidades públicas, que con la excepción de la Universidad de Chile (que ha logrado reformularse con un estatuto aprobado por el Estado Chileno en el año 2006) aún mantienen estatutos derivados de la reforma del año 81 establecidos durante la dictadura.
En este ámbito, la Universidad de Chile debe abrir su capacidad de servicio país, asumiendo un liderazgo que acoja y conduzca el actual sistema universitario estatal, de tal modo que las instituciones públicas y privadas de educación superior, bajo la cobertura del Ministerio de Educación, debieran generar un sistema nacional integrado de universidades chilenas, que vengan a dar solución a las demandas del estudiantado y a las políticas públicas que el país necesita, tanto a nivel regional como nacional.
Dr. Raúl Morales Segura , Profesor Titular y Senador Universitario Universidad de Chile
Señor Director:
Parece que está de moda que los políticos al retirarse ejerzan como profesores. Quizá si hubiera sido al revés -primero enseñar, luego la política- la educación en el país sería mucho mejor...
GABRIEL GUILOFF