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Alto contrasteNada es casualidad
Señor Director:
Cuando la Reforma Laboral parecía avanzar a ritmo de aplanadora, ocurrió algo inesperado. Primero la crisis institucional hizo ver que tener mayoría en el Congreso no significa aprobar lo que venga. Y las paralizaciones prendieron luces rojas respecto de lo que estamos discutiendo.
La huelga de Brinks (donde recién finalizó) y Prosegur ha mostrado el tremendo daño que provoca una huelga de este tipo de servicio en el bolsillo de los trabajadores, en la empresa y en la población en general. De los tres, el menos afectado es la multinacional. Las molestias para nosotros los ciudadanos, van desde cajeros sin dinero hasta negocios que no aceptan efectivo por miedo a asaltos ya que no les recaudan el dinero que la gente les paga. A esto se suma el paro de Aduanas, que aunque ya terminó, significó US$ 30 millones perdidos en salmón, US$ 45 millones en viñas, US$ 100 millones en mercaderías que no llegaron a destino en tiempo, camioneros parados sin llegar a sus casas, y quizás cuantos otros daños de particulares de los que no nos enteraremos nunca.
Pero algo estamos avanzando. Por lo menos, pasamos de servicios mínimos, que sólo se preocupaban de evitar daños a los bienes de la empresa, a unos que garantizan la continuidad productiva, pero sólo de algunas. ¿Cuáles? Los que tengan calidad de servicios de utilidad pública o servicios que atiendan necesidades básicas de la población. Lamentablemente, esta idea origina un nuevo problema: todas las empresas alegarán utilidad pública y esa declaración se justificará en mayor medida dependiendo de cuán grande eres. Hay que poner atención a la conflictividad en Tribunales que causará esta definición de utilidad pública.
Por otro lado, si bien la noción de utilidad pública en servicios mínimos evitará un Metro sin funcionar, y así se protegerá a la ciudadanía, la reforma sigue sin proteger a las pymes, que siguen atadas a una eventual huelga sin reemplazo.
Debemos seguir en el camino de racionalizar el derecho a huelga, permitiendo que se ejerza; que haya paro, pero no paralización.
Paola Cabezas
Abogada
Subrogantes o interinos
Señor Director:
Todavía el gobierno no nombra a las autoridades titulares de la Contraloría General de la República y del Servicio de Impuestos Internos (SII) y por ello esos cargos son ejercidos interinamente por funcionarios de alto rango de esos servicios públicos. Pero la prensa en general, cuando se refiere a ellos dos, repitiendo el error cometido en las páginas web de la Contraloría y del SII, los califica como subrogantes (s) en circunstancias que ellos no están subrogando a nadie, ya que el contralor general, Ramiro Mendoza, cumplió el período legal de 8 años en el cargo y ahora ejerce como decano de una universidad y al director del SII, Michel Jorratt, el gobierno le pidió la renuncia. Así entonces ambos cargos está vacantes. Ergo, la señorita Patricia Arriagada y el señor Juan Alberto Rojas, en la actualidad son autoridades interinas (i) en la Contraloría General de la República y en el SII, respectivamente y para evitar la repetición del yerro en que se incurre al confundirse los vocablos interinos con subrogantes.
Patricio Herman P.
Palos de ciego
Señor Director:
Una vez más nuestra nación dando palos de ciego o el ladrón detrás del juez.
Si lo ocurrido con el estudiante en accidente con carro lanzaaguas de Carabineros es lamentable, también lo es que participen en marchas que por definición en Chile serán violentas y con saldo de heridos y destrozos.
Miremos como actúan los países desarrollados y preocupémonos más de trabajar, cumplir con nuestras obligaciones y exigir menos, es decir más deberes y menos derechos, menos protestas y desorden; solo así saldremos adelante y tendremos un Chile mejor.
José Manuel Caerols Silva
Freno a la delincuencia
Señor Director:
¿Quién le da un ultimátum de verdad a la delincuencia?
Juan Eduardo Morales Veas
