Señor Director:
Cuando hablamos de salario mínimo, cabe preguntarnos la dimensión de la fuerza laboral involucrada. Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, de 4.871.832 cotizantes a diciembre de 2012, 868.205 lo hacen por un ingreso inferior a $ 200.000, representando el 17,8%. Sin embargo, a quienes perciben menos del salario mínimo pero trabajan sin contrato, la discusión legal no les toca mayormente.
Por las condiciones económicas actuales con tendencia al pleno empleo, el aumento del ingreso mínimo sólo afecta a pequeñas empresas formales que, por condición y estructura de costo, están pagando sueldos cercanos al mínimo. A este nivel, su monto final puede generar incentivos para tener empleados informales y no incorporarlos al sistema previsional o de protección.
El aumento del ingreso mínimo a $ 200.000 o más es meramente referencial para medianas y grandes empresas, pues éstas pagan sueldos muy por encima de este valor.
Cuando la economía funciona como en los últimos años con tasas de crecimiento importantes y desempleo a la baja, el mercado presiona naturalmente los salarios al alza.
Como empresa proveedora de recursos humanos puedo dar testimonio que el sueldo en medianas y grandes empresa para puestos a nivel operativo es 47,6% superior al salario mínimo y que 23,9% ha sido el alza de salario promedio en estos trabajos entre enero 2012 y enero 2013. A los trabajadores que perciben más del salario mínimo, la discusión les afecta marginalmente, pues la gratificación anual es un 25% del sueldo con tope de 4,75 ingresos mínimos.
Cristián Carvajal
Gerente comercial GrupoExpro
Señor Director:
En una reciente entrevista en la que se le consultó por la alta inflación en su país, el ministro de Economía de Argentina, sin encontrar respuesta, desesperado y buscando escapar rápido, dijo: “me quiero ir”. Si el ministro hubiera estado atento hace unos días a la contingencia chilena, habría usado otra expersión más elegante: “paso”.
Juan Luis Hernández Viera
Señor Director:
Hoy señala que está en contra del lucro en la educación escolar cuando los establecimientos reciben fondos públicos, pero en su anterior gobierno escogió como ministra de Educación a una persona como Mónica Jiménez, que está de acuerdo –al igual que un amplio sector de la sociedad chilena- con el “lucro regulado” y ha señalado que “no tengo ningún problema en que las personas ganen lo que tienen que ganar por las actividades de calidad que hacen”.
Como ya lo ha demostrado en varias de sus promesas de campaña, Michelle Bachelet está padeciendo una rara enfermedad: inconsistencia crónica.
Juan Carlos Sotomayor F.
Señor Director:
Con este título don José Sanz Jofré se refirió a la demanda de La Haya que Morales puso contra Chile. Acertadamente señala que con eso el presidente boliviano da cumplimiento a una obligación constitucional autoimpuesta por él mismo, y que le permite nuevamente ser presidente sin sufrir acusación constitucional por abandono de sus deberes constitucionales. Dicha obligación conflictiva contra Chile, Evo la impuso en la nueva constitución, por lo que todos los presidentes bolivianos estarán obligados en cada gobierno a sostener al menos un nuevo conflicto contra nuestro país, bajo pena de sufrir si no lo hacen una acusación constitucional. Hay que armarse de paciencia para soportar esta clase de vecinos.
Darío Torrealba A.
Señor Director:
En varias ocasiones, en esta misma tribuna, he alabado las conductas, ideas y dichos de Patricio Walker. Hoy se confirma que es un político con cepa de estadista. Por supuesto, todos tenemos posiciones políticas legítimas, pero como lo demostró el senador democratacristiano, hay principios y valores universales superiores que siempre deben primar.Una gran lección para todos...
Gabriel Guiloff