Cartas al Director

Señor Director:


El debate sobre la tramitación de la Ley de Pesca ha motivado una serie de argumentos sobre el efecto que ésta tendría en el futuro de nuestros recursos marítimos. Me han llamado negativamente la atención las opiniones de representantes del sector pesquero sobre el sistema de administración que regirá el negocio pesquero a partir de 2013. Es preocupante que dirigentes elegidos por los trabajadores hagan una defensa corporativa de los industriales pesqueros. Una Industria que, históricamente, ha explotado y demostrado cero compromiso social con sus trabajadores. ¡Ellos se han enriquecido a costa de nuestros sacrificios y el de nuestras familias!
La Ley de Limites Máximos por Armador, que entregó autorizaciones por un tiempo acotado que terminan en 2012, entregó cuotas individuales gratis a un puñado de empresas familiares. Por eso es que argumentar que el pago de las patentes pesqueras es el costo por la asignación de las cuotas es una falacia, ya que toda persona que emprenda un negocio debe pagar la patente e impuestos que correspondan. A estos dirigentes que mal representan a los trabajadores les falta un argumento fundamental: que el actual sistema de administración no le sirve a los trabajadores pesqueros, a menos que se incluya en la discusión de la futura ley una plataforma social que incorpore medidas de protección social reales. 
Raúl Domínguez Tudela


Dirigente Fetrapes



Señor Director:


En jerga futbolera: el país está jugando como nunca (creciendo al 8%, teniendo buenas cifras de empleo, avanzando hacia un posnatal de seis meses, en vías de eliminar parcialmente el 7% de los jubilados, abriéndonos a una Acuerdo de Vida en Pareja y haciendo reformas políticas para tener una mejor democracia), y una parte de la ciudadanía quiere que perdamos como siempre, instalando -irresponsablemente- un ambiente de guerra civil.

Juan Carlos Sotomayor



Señor Director: 


El martes escuché al Sr Lagos Weber afirmar que no le parecía justo que existieran colegios en que el Estado aportara una parte del financiamiento si tenían fines de lucro. En sus palabras “no puede ser que el Estado aporte a un colegio para que sus sostenedores se compren un segundo auto o una casa en la playa”. Con este criterio tampoco podría haber empresas constructoras que funcionan haciendo casas para personas que las pagan en parte con el subsidio estatal a la vivienda, ni médicos o clínicas particulares que reciben en pago un bono Fonasa con aporte fiscal. Todo tendría que hacerlo el Estado, a su medida y con su calidad conocida.
(pregunta: ¿y los parlamentarios pagados por todos los chilenos tampoco podrían hacer esas compras?) 
El Estado al ayudar a los padres a pagar un mejor colegio que el estatal, está permitiendo una mejor educación y atrayendo esfuerzo privado que hace falta, tal como ayuda a comprar una vivienda sin prejuicios sobre la empresa constructora.
Los perdedores con el financiamiento compartido son el Colegio de Profesores en cuanto organismo de poder y sus controladores, ya que los establecimientos privados no están controlados por dicho Colegio como lo están los públicos.
Es un problema de poder el que hay detrás y las víctimas los niños y carabineros entre otros.

Juan Ariztía Matte