Cartas al Director

Señor Director:


La opinión pública se ha enterado recientemente del cierre del Establecimiento penal Cordillera y el traslado de los internos al penal de Punta Peuco.

Además de todas las discusiones sobre la vigencia de la igualdad ante la ley que implicaba la mantención de un establecimiento de condiciones evidentemente diferentes al resto de los establecimientos existentes, surgen otras reflexiones respecto a la normativa sobre el cumplimiento de las penas y muy especialmente las penas privativas de libertad en nuestro país.

El cumplimiento de las penas privativas de libertad se encuentra sometido a una normativa completamente desactualizada y de rango reglamentario. En efecto, Chile en más de 80 años sólo exhibe dos Reglamentos Penitenciarios, no Leyes, el último dictado hace más de 13 años atrás.

Esto quiere decir que la autoridad administrativa, sin vigilancia judicial de ningún tipo, puede modificar dicha norma a su antojo.

Por otro lado, no existe ninguna norma de rango legal que permita la existencia de una judicatura especializada que vigile el cumplimiento de las penas privativas, con la excepción de las facultades entregadas a los jueces de garantía por la Ley de Responsabilidad Penal adolescente o de los fiscales judiciales y visitas de magistrados a las diversas cárceles.

Asimismo, los beneficios de los condenados se encuentran sometidos a normas antiguas y dispersas.La Libertad Condicional esta regulada en un Decreto Ley de 1925 y el indulto en la Ley 18.050, de más de treinta años. Por si eso fuese poco, no existe ninguna normativa regulatoria de las penas restrictivas de libertad, como el destierro, el confinamiento o el extrañamiento, penas que han pasado a ser letra muerta. Urge, por ende, hacerse cargo de esta orfandad jurídica que sólo crea problemas.




Rodrigo Medina Jara


Docente Escuela Derecho universidad Santo Tomás


Señor Director:
Es muy interesante detenerse a pensar ante las continuas insistencias de las autoridades peruanas en cuanto a que Chile prometa cumplir y aplique el dictamen de La Haya apenas esta lo emita, en todas las reuniones bilaterales. ¿Habrá algo que nuestras autoridades no sepan?
Cuando el mar suena es porque hitos trae...



LUIS ENRIQUE SOLER


Señor Director:


El Día Mundial del Hábitat debería ser sinónimo de convocatoria para que todos pudiéramos aportar a hacer de nuestros barrios, comunas y ciudades, “lugares con mejor calidad de vida”. Estamos ciertos que el desarrollo de las ciudades en Chile carece de planificación de largo plazo, de instituciones, de instrumentos y de profesionales que proyecten ciudades sustentables. Basta sólo con recordar la cantidad importante de comunas que aún no cuentan con planes reguladores, o simplemente mirar Santiago y ver que ha crecido en forma segregada, dando soluciones a los problemas de sus habitantes con tanta tardanza que terminan siendo imposibles de implementar y de financiar.

La planificación urbana y el desarrollo de las ciudades debe ser un tema país, porque implica coordinar políticas de desarrollo social, energéticas, de medio ambiente, de transporte, entre otras, todas las cuales repercuten en la salud y calidad de vida de sus habitantes. Pero aunque muchos de esos temas dependen de nuestros gobernantes, hay también aquí una tarea ciudadana. Todos podemos hacer un aporte concreto para que mejorar la calidad de vida a través de la participación en ONGs, comités de administración o de vigilancia y de las JJVV, organizaciones que deberían estar dispuestas no sólo a hacer justificados reclamos o requerimientos a sus autoridades sino también para canalizar propuestas de sus vecinos hacia las autoridades y, por sobre todo, para dar vida a los lugares que constituyen nuestro entorno.




Silvia Torres Giagnoni


Gerente Asuntos Corporativos Piedra Roja