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Alto contrasteReforma tributaria I
Señor Director:
La Cámara de Diputados no tuvo un debate serio y responsable en el proyecto de reforma tributaria que hoy se discute. Distinto a lo que ocurrió anteriormente en la reforma de 2012 que estuvo contenida en dos boletines. El primero, comenzó su discusión el día 3 de mayo de ese año y durante 60 días se recibieron a centros de estudio, asociaciones gremiales, académicos, contadores, abogados y políticos. ¿Qué hubo en común entre estos invitados de la Comisión de Hacienda? Que hubo diálogo. Tanto fue así, que el gobierno retiró el 2 de agosto la iniciativa, sustituyéndola por un nuevo boletín donde se recogían parte de las visiones de quienes intervinieron en la discusión. ¿Qué ha pasado hoy? Que ante un cambio estructural del sistema tributario no ha habido diálogo. Invitados sí, pero sin que puedan debatir con los miembros de la comisión.
Esta reforma tributaria ingresó a la Comisión de Hacienda de la Cámara el día 2 de abril. Se terminaron de votar las más de 113 modificaciones a la ley tributaria 22 días después, sin diálogo entre los diputados y los expertos (a quienes se le daban 15 minutos para hablar). Tanto así que algunos parlamentarios tuvieron que pedir la censura de la mesa, porque ni siquiera podían hacer valer sus atribuciones como diputados, las que precisamente apuntan a que la discusión se enriquezca.
En el seminario organizado por Icare, Juan Andrés Fontaine, Andrés Velasco y Juan Manuel Baraona, pidieron un debate serio, como lo que corresponde. Esperemos que en el Senado exista, por fin, la discusión que merecen estos cambios.
José A. Riquelme González
Abogado y profesor Facultad de Derecho Universidad del Desarrollo
Reforma tributaria II
Señor Director:
Llama la atención que desde el gobierno se insista tanto en querer recaudar US$ 8.200 millones para su agenda social, cuando al mismo tiempo aún no se sabe cuáles son los proyectos a los que se les van a asignar dichos dineros. Durante la campaña se habló que la reforma tributaria era para financiar la reforma educacional, pero ahora se agrega que parte de los recursos se usarán en temas de salud y otros beneficios sociales. ¿Cómo llegaron a esta necesidad recaudatoria si aparentemente aún no saben en que se van a invertir esos recursos? Si la cantidad de US$ 8.200 millones es inamovible, me figuro que deben tener costeados los usos que se le van a dar. Si la lógica prevalece y sí el gobierno sabe en que se invertirán y lo que aquello cuesta, ¿por qué no se le comunica al país? Si se tuviera claro en qué se va a invertir y cuánto cuesta cada uno de los ítems en que se usarán esos recursos, tal vez sería más fácil entender esta reforma y aún más, sabiendo los costos relacionados, se podría analizar si existen alternativas más económicas para lograr los mismos resultados.
JAIME JANKELEVICH
