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Alto contrasteFuero parlamentario
Señor Director:
El fuero como requisito de procesabilidad no pretende defender al individuo propiamente tal sino al cargo que ejerce y, por tanto, a quienes representa en el hemiciclo. En definitiva, busca proteger el voto y no al votante.
Si eliminamos esta especie de antejuicio y ponemos al congresista al mismo nivel de un peatón nos arriesgamos a dejar más vulnerable de lo necesario la representatividad democrática.
Por ejemplo, si se acusara a un senador por el delito de violación y la fiscalía decidiera formalizarlo –lo cual envuelve una mera comunicación de cargos-, y si esto implicara una suspensión de su cargo, cientos de miles de personas podrían quedar sin representación en el Congreso, siendo que legalmente al imputado aún se lo considera inocente, por la decisión de un solo fiscal. Otro tanto pasaría si un juez dictara su prisión preventiva, aunque no se le entendiera suspendido. La pregunta es, ¿será esto suficiente frente a tales consecuencias?
El sistema actual lo que hace es velar -a través de las cortes superiores- que los cargos sean analizados, ponderados latamente, y considerados suficientes antes de arriesgar dicha situación, ya que las resoluciones del juicio mismo pueden resultar catastróficas desde el punto de vista de la representación política, incluso antes de conocer el fondo del asunto denunciado. Cualquier fallo que implique suspender a un parlamentario de su ejercicio o lo impida, no solamente lo afecta a él sino también a todos sus electores. Esta cuestión no involucra solamente un problema de derecho penal sino de representatividad democrática, por lo cual es dable sostener que el sistema común –que envuelve consecuencias solamente para el delincuente- no es idóneo para este tipo de casos, en los cuales es necesario una mayor certeza debido a sus nefastas secuelas en materia política.
Cristián Gabler, Abogado
Valor de la docencia
En la actualidad, un profesor cuenta con un promedio de dos horas a la semana para planificar una clase, crear material de apoyo, confeccionar evaluaciones y atender a los alumnos y apoderados. ¿Es posible que con ese escaso tiempo se puedan realmente generar cambios? Las políticas deben contemplar revisar necesariamente los tiempos que se le otorgan al profesional para realizar sus labores docentes si se quiere educación de calidad. Se deben otorgar tiempos que permitan que el profesor pueda crear instancias reales de aprendizaje en los niños y jóvenes, para que los nuevos contenidos tengan un real impacto en el desarrollo de habilidades y aplicación de aprendizajes. Este parece ser un tema a considerar en los cambios que se quieren implementar para mejorar la calidad y equidad en la educación en Chile.
Katherine Dinamarca, Académica Escuela Fonoaudióloga U. Andrés Bello
