Señor Director:
El 22 de junio de 2012, Fernando Lugo fue destituido por el Congreso como presidente de Paraguay. Los gobernantes de América Latina reaccionaron con indignación y se reunieron prestamente de emergencia. Ecuador y Bolivia decidieron no reconocer al nuevo gobierno invocando un atentado contra la democracia. Cristina Fernández declaraba que sin duda hubo un golpe de Estado en Paraguay. Evo Morales denunció que el “golpe congresal” fue producto de una conjura neoliberal con los terratenientes y el imperio. Brasil exigía sanciones de participación en los organismos multilaterales por ruptura democrática. La OEA ponía su cuota de condena e incluso Chile reclamó que no se cumplió con los estándares adecuados del debido proceso. Y Chávez… el advirtió que no reconocería a ese írrito, ilegal e ilegítimo gobierno que se instaló en Asunción.
Como contraste a todo aquello, ante lo ocurrido el 9 de enero en Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia convirtió en letra muerta la Constitución, al decretar que el mandato anterior de Hugo Chávez podía continuar indefinidamente hasta que éste se recupere y después jurar y asumir, un cómplice silencio recorre la región. Ningún gobierno ni parlamento alzó hasta ahora voz alguna para reclamar por este atentado contra la democracia; no habrán reuniones de urgencia para asumir una condena en común y todos siguen reconociendo un mandato que ya terminó. Varios de sus líderes concurrieron a Caracas a apoyar este montaje diseñado en Cuba, destinado a perpetuar la llamada revolución bolivariana. Incluso EEUU dice eufemísticamente que eso es cosa del pueblo venezolano. Y la OEA… hasta ahora no se escucha.
Esta deplorable y tristísima inconsistencia en la defensa de una verdadera democracia por los gobernantes de esta región, demuestra el sesgo ideológico que explica este silencio. Si Chávez hubiera sido un gobernante de derecha, la declaración conjunta de los “hermanos latinoamericanos” en favor de la democracia y rechazando el golpe seco en Venezuela ya estaría en la prensa mundial. Por favor, que no nos engañen más.
Jaime Jankelevich
Señor Director:
Llama la atención la ausencia de una condena enérgica por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tras el cruel atentado terrorista que terminó con la vida de un matrimonio de la tercera edad en La Araucanía.
Como un simple ciudadano que aplaudió las acciones emprendidas por el INDH al momento de defender a los estudiantes que sufrieron fuerza desmedida de algunos carabineros, me parecería a lo menos adecuado que el organismo actuara con la misma proactividad para condenar estos hechos de violencia sistemática que están sucediendo en La Araucanía y que son prueba palpable de la violación de los derechos fundamentales de las personas que habitan la región. De otra forma, si no lo hace esta institución, ¿entonces quién? De persistir el poco énfasis en condenar estos hechos, se demostraría que para el INDH los derechos de algunas personas valen más que los de otras, determinando así a ciudadanos de primera y segunda categoría.
Cristóbal Castro F.
Señor Director:
Es erróneo lo planteado por la ministra Matthei de comparar la libertad de precios de las Isapres con el alza en los arriendos.
Lo segundo se regula en un mercado libre e informado, donde es imposible que los oferentes acuerden precios.
En el negocio de las Isapres ese peligro es mucho mayor, ya que son pocos actores, pero más grave aun es el que es un servicio (producto) donde el comprador sólo tiene opcion de elegir a quien comprar hasta los 40 años si es sano y ninguna si no lo es. Las Isapres tienen capturados a sus clientes de por vida sin posibilidad alguna de negociacion Por esto claramente los precios deben ser regulados, y no por la justicia si no por el Estado para que los usuarios tengamos alzas acordes a la realidad económica, no tengamos cambios obligados de planes y para que las Isapres y sus accionistas tengan la utilidad que les corresponde y se merecen por su inversion, ideas y trabajo.
Benjamin Kaufmann