Cartas al Director

Señor Director:


A dos años de la actual gestión del Servicio Civil, el debilitamiento del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) es evidente. Según cifras publicadas por la propia entidad, tres de cada cuatro jefes superiores de servicio nombrados vía ADP desde 2010 han sido removidos por la actual administración. Esta noticia sólo complementa al rechazo que la Cámara Baja realizó al proyecto de ley, que sin frutos intentó modificar al Sistema ADP. Las razones: bajos niveles de transparencia y ley “parche” frente a temas de fondo.
Adoptada la decisión por parte del Consejo para la Transparencia, cuando sean publicados los e-mails por Segpres, dilucidaremos qué rol tuvo el Servicio Civil.
El tema ya escaló. Ha sido acertada la alerta del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno, que reveló irregularidades en las suscripciones de convenios de desempeño de altos directivos públicos nombrados, provocando la primera medida conocida: solicitar la renuncia del actual subdirector de ADP, Gregorio Airola. Nueva señal, que reitera los bajos niveles de confianza, eficiencia y liderazgo al eje de la modernización pública.
¿Queda tiempo para introducir mejoras y aprovechar un sistema creado para reducir los grados de discrecionalidad o el tiempo se agota para revivir a un sistema que agoniza?


Juan Pablo Arriaza Zalá



Señor Director:


El sistema de alta dirección pública creado en 2003 para profesionalizar la búsqueda de cargos de responsabilidad del Estado, ha permitido mejorar la calidad de la selección de los candidatos gracias a que los procesos son transparentes, regulados y abiertos a todos aquellos profesionales que quieran participar mediante un concurso público.
El proceso generalmente se apoya por la experiencia de consultoras especializadas en la búsqueda y evaluación del talento ejecutivo y así garantizar que el candidato seleccionado sea lo más cercano posible al perfil ideal para el cargo.
Sin embargo, este sistema no garantiza la continuidad de los profesionales en sus cargos, debido a que como son puestos de exclusiva confianza, si esta se pierde, pueden ser rápidamente removidos por la autoridad, sin ningún proceso o sumario pertinente. También son cargos que requieren de una alta vocación de servicio público o compromiso con el país, ya que existen ámbitos muy diferentes a la vida del sector privado, especialmente en cuanto a la exposición pública de las acciones y a una formalidad mucho mayor para ejercer un determinado cargo.
Las características especiales de la función pública y su complejidad pueden inhibir la motivación de una persona talentosa para postular a un cargo estatal por el hecho de sentir que podría estar supeditado a la voluntad de las autoridades más que a sus resultados y desempeño.
El desafío es generar puentes que faciliten el interés por la función pública. Un camino podría ser impartir conocimientos relacionados con la administración del estado en las universidades y por otro lado, implementar un proceso de inducción y coaching que permita al nuevo directivo conocer los códigos legales y culturales del aparato estatal, antes de iniciar sus funciones y durante los primeros 6 meses en el cargo.

Cristián Duarte B
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Gerente General Transearch Chile 



Señor Director.

El Sr. ministro vocero de gobierno nos dice que a La Moneda le gustaria mucho revisar el impuesto específico a los combustibles, pero que por ahora no se puede.
Quiero decirle al Sr. ministro que según yo aprendí de muy pequeño, querer es poder, sobre todo cuando uno tiene el poder en sus manos.
La verdad parece ser que en aspectos de impuestos quien manda en el país es el ministro de Hacienda y no el presidente de Chile, elegido por más del 50% de los chilenos para encabezar el gobierno. Cuando más del 50% de los chilenos pide revision del impuesto específico, que ademas es una promesa de campaña, sería bien prudente que no se sigan haciendo los sordos. Escuchen a la UDI, que es un partido politico del propio gobierno.

Pedro Pablo Molina Wood