López Obrador y su lucha contra la corrupción: poco de qué presumir

Christine Murray

El exjefe de la petrolera estatal de México, Emilio Lozoya, fue extraditado de España hace más de un año por presuntos sobornos. Pero la decisión de solicitar su detención preventiva por parte de los fiscales surgió sólo después de que fotografías de Lozoya disfrutando de Pato Pekín en un restaurante de lujo desencadenaron la indignación pública el mes pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la fastuosa cena como una "provocación".

Para los críticos del gobierno, la saga fue ilustrativa del enfoque de las autoridades mexicanas para combatir la corrupción: una estrategia profundamente influenciada por la política que ha dejado poco que presumir.

Hablando en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este mes, su segundo viaje al exterior en tres años, López Obrador dijo que la corrupción en "todas sus formas" era "el mayor problema del planeta". Añadió: "En México hemos aplicado la fórmula de prohibir la corrupción y usar el dinero que hemos ahorrado para ayudar a la gente".

Pero los analistas dicen que hay pocos avances en el país de los que Obrador puede presumir. México ha estado plagado por la corrupción durante mucho tiempo, desde la costumbre de solicitar pagos para evitar multas por exceso de velocidad hasta robos de millones de dólares en los contratos de obras públicas. El organismo de estadísticas INEGI estima que cada año los mexicanos pagan cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos para realizar el papeleo básico del día a día, como iniciar una empresa o pagar impuestos de los automóviles. Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 124 de 180 países.

En más de dos años y medio en el cargo, el fiscal federal anticorrupción sólo ha logrado asegurar dos sentencias por delitos. Los casos de alto perfil tardan en avanzar. Es aún más preocupante el aparente patrón de exoneración de los aliados políticos y la persecución de críticos del gobierno y opositores políticos, tanto por parte de la administración como de los fiscales federales nominalmente independientes.

La imagen del presidente de no estar personalmente interesado en acumular dinero para sí mismo —algo que incluso muchos oponentes creen que es real— le da credibilidad ante los votantes con respecto a la corrupción. El problema es que las instituciones carecen de la independencia o los recursos para sostener una verdadera lucha contra la corrupción, dicen los activistas.

Miles de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han producido escasos resultados en casos penales. A principios de este mes, su presidente, Santiago Nieto, renunció después de ser reprendido por el presidente por su lujosa boda en Guatemala. Otros órganos de supervisión clave, como el Auditor Superior de la Federación, que forma parte de la cámara baja del Congreso, han presentado muchas menos denuncias penales durante esta administración que en años anteriores.

López Obrador también ha socavado el Sistema Nacional Anticorrupción —destinado a coordinar diferentes instituciones— llamándolo "la última gota" en una lucha anticorrupción "fingida". En una de sus conferencias de prensa matutinas diarias el mes pasado, López Obrador prometió publicar detalles de quienes han sido sancionados o acusados de corrupción. El comunicado posterior dijo que miles de funcionarios habían sido excluidos del gobierno y se habían presentado cientos de denuncias penales, pero no mencionó una sola condena.