Un ataque armado justificado

En un bombardeo aéreo con armas químicas perpetrado el jueves 5 de abril en Jan Shaijun, zona controlada por los rebeldes sirios, se produjeron 86 muertos y centenares de heridos, la mayoría mujeres y niños. Toda la evidencia apunta a la aviación del gobierno sirio como responsable de este crimen de guerra.

Como reacción a este acto de barbarie, EEUU realizó un ataque selectivo y limitado contra la base aérea siria de Shayrat (Homs), donde habrían despegado los aviones que atacaron Jan Shaijun.

La acción ordenada por el presidente Trump fue respaldada por la OTAN, el Consejo de Europa, el Reino Unido, Francia, Alemania, España y otros. Los principales aliados de Siria, Rusia e Irán, calificaron el ataque de EEUU como un acto de agresión contra un Estado soberano.

Si bien, la ofensiva unilateral norteamericana no se enmarca dentro de las excepciones a la prohibición del uso de la fuerza armada contempladas en la Carta de las Naciones Unidas (legítima defensa y medidas coercitivas armadas aplicadas o autorizadas por el Consejo de Seguridad) tampoco puede catalogarse como contrario al Derecho Internacional.

En efecto, Siria es parte de la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas, tratado del cual es parte después de una difícil negociación en 2013 entre EEUU y Rusia, donde dicho país conjuntamente con adherir a la convención se comprometió a destruir su arsenal de armas químicas, todo ello después de un probado ataque químico también del ejército sirio en contra de rebeldes en las afueras de Damasco y bajo la amenaza de un castigo militar de EEUU.

Por otra parte, como ya se ha indicado, el bombardeo sirio constituye un crimen de guerra ya que se trata de un ataque armado perpetrado con un arma prohibida por el Derecho Internacional por la crueldad de sus efectos, y además dirigido en contra de un objetivo no militar como es la población civil.

El uso de armas químicas constituye una violación inaceptable del Derecho Internacional Humanitario y un nuevo reflejo de la barbarie de la que es víctima la población siria desde hace más de siete años de guerra civil, con 10 millones de desplazados y 312 mil muertos, un tercio de ellos civiles.

Ante la inoperancia de la comunidad internacional organizada, en particular del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en aprobar -ante la amenaza de Rusia y China de aplicar su derecho de veto- una resolución que aplique sanciones a Siria en orden a impedir la continuidad de estos bárbaros ataques, la reacción de EEUU aparece como un acto de fuerza proporcionado de castigo y disuasión en contra de Siria, fundado en el derecho de intervención humanitaria.

Por último, con el ataque sirio y sus secuelas, se corre el riesgo de que se descarrile una vez más el proceso de negociación en marcha justo cuando los donantes internacionales para Siria celebran una conferencia de dos días en Bruselas.

Cada día aparece más claro que la salida de este conflicto pasa necesariamente por la salida del poder de Bashar al Asad, como lo ha reconocido la embajadora de EEUU en Naciones Unidas.