¿Quedó mejor o peor? Abogados analizan los cambios a la Ley de Protección del Empleo y advierten coletazos negativos de algunas modificaciones

El paso de la ley corta para corregir algunos aspectos de la Ley de Protección del Empleo por una comisión mixta, terminó dando espacio a un debate y una serie de cambios que se escapó de lo proyectado por el Ejecutivo y los expertos laborales.

En su inicio, la propuesta con perfeccionamientos presentada por el Gobierno contemplaba cuatro temas, los que finalmente terminaron siendo casi que accesorios, puesto que los parlamentarios terminaron modificando aspectos sustanciales de la normativa. Entre ellos, materias que fueron duramente criticadas por la ciudadanía, como el reparto de utilidades entre las empresas que se acojan a la norma, a raíz del polémico caso de Cencosud.

Entre los abogados, la percepción respecto a los cambios si bien tiene matices en algunas materias, a nivel general coinciden en algo: la ley quedó más rígida y, con ello, probablemente desde ahora serán menos las empresas que decidan hacer uso de sus beneficios.

Lo bueno

"Tras la ley corta sin duda se aclararon un par de inconsistencias de la ley original", comenzó destacando Jaime Salinas, socio director de Salinas Toledo. A juicio del abogado, es destacable "el hecho que se haya reconocido expresamente la posibilidad que las empresas que prestan servicios esenciales puedan también acogerse a la ley respecto al personal que no sea indispensable para mantener la continuidad operacional de sus servicios", dijo.

Una opinión similar entregó Luis Lizama, director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile, quien destacó que los cambios, a nivel general, lo que hacen es "cuidar el uso de estos fondos (el seguro de cesantía) que estaban disponibles para un fin distinto, que es para la pérdida del empleo de un trabajador, y se les dio un destino diferente que es justamente la de hacer frente a esta crisis sanitaria".

A juicio del académico, fue positivo que los parlamentarios se hicieran cargo de algunas incoherencias de la norma. Pero no sólo valoró eso, también respaldó que se decidiera, por ejemplo, "prohibir que la trabajadora con fuero maternal se viera afectada por la suspensión, ya sea de pleno derecho o por pacto de suspensión, eso también tiene sentido".

Esta materia también fue respaldada por Wendoling Silva, exjefa del Departamento de Relaciones Laborales de la DT, quien valoró que en la ley corta se aclarara esta materia. "El tema del fuero me parece que es una buena alternativa. Este es un tema que estaba generando varios problemas, porque la ley excluía a la gente con fuero solamente en la reducción de jornada, entonces se podría interpretar que a las trabajadoras embarazadas se les podía suspender. Este cambio lo soluciona bien".

Lo malo

La decisión del Congreso de prohibir el reparto de utilidades entre las firmas organizadas como sociedades anónimas -o que sean parte de un grupo empresarial- acogidas a la ley, genera opiniones diversas entre los abogados.

Pero a nivel general el diagnóstico es uno: dicha prohibición podría significar que las empresas decidan no acogerse a la ley y opten por despedir.

A juicio de Salinas, la incorporación de esta materia establece una importante restricción que golpea, principalmente, a las pequeñas y medianas empresas "ya que restringe los dividendos provisorios que se paguen durante el año, no teniendo una redacción que prohíba la distribución de dividendos el próximo año respecto al presente ejercicio comercial".

"La restricción en materia de dividendos restringe la utilización de la ley sin duda, y ello puede implicar que varias empresas, frente a esta prohibición, no se acojan a la ley y terminen despidiendo a trabajadores derechamente", acotó Salinas.

En este punto Lizama coincidió, y planteó que la incorporación de esta materia y la prohibición de suspender a trabajadoras con fuero "fueron reacciones del poder legislativo frente a la conducta de algunos empleadores. Acá vemos claramente una cláusula Cencosud y una cláusula Starbucks".

"Tengo la impresión de que efectivamente el uso de la ley se vuelve más compleja. La decisión de acogerse se vuelve más difícil porque tiene algunas externalidades negativas", acotó Lizama.

Su punto fue respaldado por Jorge Arredondo, director del Grupo Laboral de Albagli Zaliasnik, quien agregó que "ahora las empresas van a pensar mucho más si se acogen o no a la ley. En mi apreciación, por los efectos que hoy tiene, la decisión de acogerse va a requerir no solo miradas laborales, sino que también de otros aspectos".

Gabriel Halpern, de PwC, por su parte agregó el impacto que esta restricción tendría, principalmente en los accionistas minoritarios.

"En general, pareciera que eliminar la distribución de utilidades tajantemente, puede ir en desmedro de accionistas minoritarios, puesto que ellos a veces obtienen sus rentas de esos repartos y, además podrían ser no empleados, lo que implicaría que estarían impedidos de optar a los demás beneficios que dispone la Ley de Protección del Empleo", comentó.

En línea con esto, Halpern planteó que restringir absolutamente esta repartición puede resultar "en la desprotección de este segmento de la población".