La violencia naturalizada

A menos de dos meses de haber llegado a La Moneda, las nuevas autoridades deben enfrentar como parte prioritaria de su agenda un tema que figuraba escasamente, si acaso, en su programa de gobierno: la violencia como grave y creciente amenaza a la paz social. Las manifestaciones de esta violencia son de distinto tipo y abarcan muy diferentes zonas del país, desde el terrorismo en la macrozona sur a los continuos desmanes en la “zona cero” de Santiago, desde las quemas de buses en los otrora liceos emblemáticos (que ahora lo son por muy distintas razones) al fuerte aumento de la delincuencia y el crimen organizado en el norte de Chile.

Hasta ahora, lo único que tienen en común estas situaciones es, por un lado, la incapacidad del Estado para ponerles coto usando las armas de la ley y la fuerza policial; por otro, una notoria reticencia a usar dichas armas. Lo cierto es que las reacciones al problema -como ocurrió el pasado domingo, cuando comerciantes ambulantes dispararon contra manifestantes en el Día del Trabajador- son más retóricas que concretas. El propio Presidente ha sido agredido dos veces en actividades públicas, como lo fue su ministra del Interior en La Araucanía -donde le fue impedido el ingreso a balazos-, pero se han presentado más querellas contra los camioneros por bloquear rutas, que por actos de violencia graves como los que ocurren a diario contra ciudadanos pacíficos.

En la incapacidad del Estado para poner coto a la violencia se observa una clara reticencia al uso legal de la fuerza para defender a las personas.

Así, el gobierno parece entrampado en lecturas contradictorias como la necesidad de diálogo, y su propio diagnóstico de que “acá no pueden (sic) haber medias tintas, estamos naturalizando la violencia en nuestro país en demasiados sentidos”, como dijo el mandatario. Justamente la violencia es la negación de todo diálogo posible y cuesta entender cómo quienes ya en forma habitual queman camiones, buses o locales comerciales, responderían a llamados a dialogar.

De hecho, está ya claro que no lo hacen y que otros enfoques -centrados en el uso legal de la fuerza- son imperativos. Que el ministro de Economía reconozca que “el viernes a las siete de la tarde no iría con mi familia (a la zona cero)”, dice mucho sobre la incapacidad del Estado para hacer valer la ley y defender a las víctimas. En efecto, la violencia se está naturalizando.