La polémica propuesta que arriesga la inversión en energía

PATRICIA DAREZ

El Ministerio de Energía enfrenta un gran desafío. Tras congelar los precios de la electricidad en 2019, el país acumuló una deuda con varias generadoras que debe pagarse mediante un alza de las tarifas eléctricas.

Inicialmente, la cartera sugirió subsidiar a 800 mil familias, pero por diferentes presiones se propuso ampliar el subsidio a 4,7 millones de familias. El costo anual ascenderia a unos US$ 300 millones, de los cuales el Estado propone cubrir en torno a US$ 20 millones, por lo que debe buscar otros US$ 280 millones.

“Puede haber buenas razones técnicas para revisar la regulación, pero deben basarse en estudios y consensos, no en una búsqueda desesperada de recursos”.

En estas últimas semanas circularon ideas para financiar ese monto: un aumento al impuesto verde desde US$ 5 por tonelada de CO2 a US$ 10 por tonelada; la recaudación adicional del IVA asociado al alza de tarifas; y, la más polémica, obtener US$ 150 millones desde las pequeñas generadoras, de hasta 9MW, conocidas como PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida).

Los PMGD, que en cerca de un 70% son de plantas fotovoltaicas, son un sector muy diverso (incluyen a más de 50 empresas), dentro del cual hay grandes fondos de inversión y también empresas medianas y pequeñas, internacionales y locales. Algunos ya han recuperado su inversión y otros aún están en construcción. Estos proyectos crecieron gracias a un marco legal que les permitía acceder a un precio estabilizado, que en los últimos meses ha estado entre US$ 65 y US$ 70 por MWh. La propuesta del Gobierno apunta a congelar este precio en alrededor de US$ 40/MWh, con el fin de destinar la diferencia a financiar el subsidio.

Este número no ha salido de un estudio detallado, sino de estimaciones generales del LCOE (coste normalizado de la energía) que no son estáticas y poco se adaptan a la realidad del país: problemas de seguridad, alza de las primas de los seguros o retrasos por la gestión de la distribuidora para que los proyectos puedan empezar a recibir retorno sobre su inversión. La mayor parte de quienes participan en esta discusión parece tener una percepción irreal de sus retornos y de los problemas asociados a su gestión.

Las inversiones en Chile se basan en la confianza en la institucionalidad. Las empresas han asumido deudas basadas en ingresos proyectados. La propuesta sería, por tanto, una expropiación de flujos de caja legítimos. La legislación mediante el DS88 establece que los PMGD que cumplan ciertas condiciones recibirán el precio estabilizado hasta el año 2034. Puede haber buenas razones técnicas para revisar ciertos aspectos de la regulación, pero deben estar basadas en estudios y consenso, no en una desesperada búsqueda de recursos para financiar un subsidio que es responsabilidad del Estado y no de un sector específico.

Un Gobierno cuya agenda abraza causas ambientales, debe entender cómo una medida así menoscaba la confianza de los inversionistas en una de las industrias que más aporta a esos objetivos, y que el project finance es absolutamente necesario para contar con una generación diversificada, un mercado competitivo e infraestructura moderna para la transición energética.