Fallo GES: el Ejecutivo tiene la palabra
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La Corte Suprema ha rechazado tajantemente la solicitud de la Superintendencia de Salud en cuanto a ampliar en seis meses la aplicación del fallo por primas GES. Con ello, se cerró la puerta a la posibilidad de empalmar en la ley corta de isapres una solución de implementación de ambos fallos judiciales (GES y Tabla de Factores), sin poner en riesgo ni la continuidad en las coberturas y tratamientos de las personas aseguradas en isapres, ni al sistema de salud como un todo.
El fallo por tabla de factores tiene plazo de implementación hasta mayo de 2024, y sobre el mismo aún hay importantes discrepancias a zanjar entre el Ejecutivo y expertos en torno a ciertos aspectos que pueden hacer la diferencia entre la viabilidad e inviabilidad futura del sistema privado de salud.
Parece urgente que la autoridad se haga parte de los consensos a los que llegó el Comité de Expertos.
En cambio, el fallo por prima GES mandata la rebaja inmediata de las primas. El problema es que su implementación tiene un efecto automático en los ingresos del sistema isapre, estimado por el Comité de Expertos que convocó la Comisión de Salud del Senado en un promedio de 12,7% mensual, lo que supera con creces, en un solo mes, a las utilidades acumuladas durante todo 2023.
De acuerdo con la Constitución vigente, solamente el Ejecutivo puede presentar una solución al Congreso para lograr que el sistema privado de salud no colapse y que con ello no se provoque el efecto sistémico descrito en innumerables oportunidades por los expertos durante los últimos meses. Por fortuna, la vía hacia una salida está a la vista: el mismo Comité de Expertos, con integrantes de todos los sectores, y de manera unánime, no sólo calculó el impacto de este fallo, sino que presentó soluciones de consenso, las que a su vez se basan en que la misma Corte Suprema señaló que el valor impuesto deja fuera aspectos relevantes para la atención y cumplimiento de las garantías por parte de las isapres de las patologías GES.
Siendo así, parece urgente que la autoridad se haga parte de dichos consensos y entregue cuanto antes certezas al sistema de salud privado y a las más de 11 millones de personas que se atienden en él.
